Agentes de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron un cateo en un predio ubicado en el municipio de Acatlán, donde decomisaron más de 3,584 litros de gas LP presuntamente obtenido de forma ilícita. Este operativo se llevó a cabo tras una denuncia anónima que alertó sobre el almacenamiento y venta irregular de este material combustible, lo que representaba un grave riesgo para la comunidad.
Detalles del operativo
El cateo fue autorizado por una jueza de control, lo que permitió a las autoridades ingresar al inmueble y asegurar no solo el gas, sino también un medidor, dos tanques estacionarios, 103 cilindros de diversas capacidades y tres vehículos tipo pipa. En total, el operativo resultó en la confiscación de cuatro camionetas y el aseguramiento del inmueble donde se realizaban estas actividades ilegales.
La Policía Federal Ministerial (PFM) participó activamente en el operativo, junto con el Centro Federal Pericial Forense, destacando la importancia de la colaboración entre distintas instancias de gobierno para combatir los delitos relacionados con hidrocarburos. Este tipo de acciones son fundamentales para garantizar la seguridad de la población, que podría verse afectada por la manipulación y distribución de combustibles de forma no regulada.
Contexto y consecuencias legales
El almacenamiento, venta y distribución de gas LP de esta manera se encuentra sancionado bajo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Las autoridades locales han enfatizado la necesidad de continuar con investigaciones y operativos que prevengan el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, que no solo afecta la economía, sino que también pone en riesgo la vida de los habitantes de la zona.
Este caso resalta la importancia de la participación ciudadana en la denuncia de actividades ilegales, así como la capacidad de respuesta de las autoridades para actuar en consecuencia. La lucha contra el tráfico y manejo irregular de combustibles sigue siendo un tema prioritario para el gobierno, ya que implica tanto seguridad pública como el respeto a la legalidad en el mercado de hidrocarburos.
