El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, reafirma su llamado a la ciudadanía a manifestarse de manera libre y pacífica, luego de los recientes incidentes de violencia y vandalismo ocurridos durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, la administración estatal expresó su respeto por las diferentes formas de manifestación, pero al mismo tiempo condenó los actos de vandalismo que desviaron el propósito de la marcha, que tenía como objetivo visibilizar la lucha de las familias afectadas por la desaparición de sus seres queridos.
Compromiso con el diálogo
La administración de Alejandro Armenta ha priorizado el diálogo con los distintos sectores sociales y, en particular, ha mantenido una comunicación constante con los colectivos de madres buscadoras. Se han establecido espacios de trabajo coordinado para la búsqueda y localización de sus familiares desaparecidos, lo que refleja un compromiso genuino por parte del gobierno estatal.
Sin embargo, la Secretaría lamentó los daños causados a inmuebles de patrimonio histórico durante las manifestaciones, enfatizando que estos actos no solo afectan el patrimonio cultural, sino que también desvirtúan el mensaje de paz y justicia que se busca transmitir. “Es importante que las manifestaciones se realicen en un marco de respeto y sin transgredir la seguridad de las personas”, señala el comunicado.
Un llamado a la responsabilidad
En este contexto, el Gobierno del Estado reitera su disposición a trabajar junto a la ciudadanía, manteniendo las puertas abiertas para escuchar sus demandas. “No se puede permitir que la violencia y el vandalismo empañen las causas justas que buscan justicia y reivindicación”, concluyó la Secretaría de Gobernación.
Este llamado se da en un momento en que la sociedad mexicana se encuentra en un intenso debate sobre la libertad de expresión y los límites de la manifestación pública, resaltando la necesidad de un equilibrio entre la protesta y el respeto por el orden público.