En una reciente sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo impulsado por el diputado Álvaro Moreira Valdés, que busca establecer un programa de recuperación para los estudiantes de universidades que operan sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Este programa tiene como objetivo permitir que los alumnos afectados continúen con sus estudios, asegurando así su derecho a la educación y mitigando las consecuencias de la invalidez académica.
Moreira destacó la preocupación que genera la falta de RVOE en diversas instituciones, lo que deja a los estudiantes sin la posibilidad de tramitar su título y cédula profesional. “Desde esta tribuna, el diputado Jesús Alfredo Paredes y un servidor hemos presentado exhortos en ese sentido, obteniendo el apoyo unánime de nuestras compañeras y compañeros legisladores”, expresó el diputado.
Iniciativas y respuesta institucional
Estos problemas no son aislados; se han documentado en Coahuila y en muchas otras partes del país. En respuesta a esta situación, la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor firmaron un convenio de colaboración que otorga a la PROFECO la facultad de realizar visitas de verificación y actuar ante prácticas comerciales engañosas.
A pesar de que esta alianza representa un avance importante para prevenir abusos, las sanciones impuestas no garantizan la continuidad académica de los jóvenes afectados. “Las consecuencias por las omisiones no deben recaer en los estudiantes. La coordinación entre la Federación y los estados puede marcar un precedente significativo para contener y eliminar malas prácticas”, aseguró Moreira.
Un llamado a la acción
El legislador enfatizó la necesidad de diseñar e implementar programas de recuperación que permitan a los estudiantes afectados dar seguimiento a sus horas de estudio. “Es fundamental que se les brinde la oportunidad de continuar con su formación académica, ya que esto impacta directamente en su futuro y en el desarrollo del país”, concluyó.
Este punto de acuerdo fue respaldado por legisladores de diferentes partidos, lo que refleja la urgencia y la importancia del tema en la agenda educativa del estado. La educación es un derecho fundamental y garantizarlo es una responsabilidad compartida.
Así, el Congreso del Estado se posiciona como un aliado en la lucha por la calidad educativa y la protección de los derechos de los estudiantes, un camino que espera ver resultados positivos en el corto plazo.
