La situación del arrendamiento en Ciudad de México se ha vuelto insostenible. La gentrificación ha dificultado que tanto los oriundos de otras partes del país como los que ya residían en la capital encuentren un hogar. Las empresas inmobiliarias están transformando barrios enteros en edificios de departamentos con precios que superan varias veces el salario mínimo mensual de la mayoría de los mexicanos.
La demanda por vivienda en la zona centro de la ciudad, impulsada por razones laborales y educativas, sigue en aumento. Sin embargo, la oferta de alquiler se restringe a opciones de alto costo y lujo, dejando al 90% de quienes llegan a la capital sin alternativas asequibles. Este problema no es nuevo, pero desde 2017, los precios de las rentas han aumentado drásticamente, según indica Francisco Andragnes, CEO de Homie.mx, un portal especializado en arrendamientos.
La situación en Ciudad de México es alarmante en comparación con otras grandes metrópolis de América Latina. Mientras que en ciudades como Lima y Santiago los incrementos de precios han estado más alineados con la inflación, en la capital mexicana, la gentrificación ha contribuido a la desaparición de opciones de renta asequibles. Un análisis de Propiedades.com revela que al menos nueve colonias de la zona Centro han visto aumentos de hasta el 118% en los precios de alquiler.
Los que no pueden mantener el ritmo de estos incrementos se ven forzados a mudarse a las periferias de la ciudad, alejándose de sus lugares de trabajo. En términos de alcaldías, Cuauhtémoc destaca con un precio promedio de renta que alcanza los 25,910 pesos mensuales.
Frente a esta crisis, el gobierno ha vuelto a activar la Norma 26, originalmente implementada en 2005, que busca fomentar la construcción de viviendas de interés social. Esta norma establece criterios que las inmobiliarias deben seguir al construir en áreas específicas, con el objetivo de incentivar la edificación de viviendas más asequibles. Aunque fue suspendida en 2013 por sospechas de abusos, ha sido reformulada y reactivada con nuevas medidas para evitar especulaciones.
La norma permite la construcción de viviendas de 45 metros cuadrados sin estacionamiento obligatorio y con una altura máxima de tres pisos. Se estima que el costo de estas viviendas será de aproximadamente 1.96 millones de pesos. La norma se aplicará en varias alcaldías, incluyendo las más caras para rentar, como Benito Juárez y Álvaro Obregón.
Además, las propiedades construidas bajo esta normativa no podrán ser alquiladas en plataformas como Airbnb ni revendidas durante los primeros cinco años tras su adquisición. Hasta la fecha, se han aprobado 280 proyectos que podrían ofrecer hasta 20,000 viviendas asequibles, según Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Valle de México.
De acuerdo con el último censo del INEGI, realizado en 2020, Ciudad de México tiene una población de más de 9 millones de habitantes, frente a aproximadamente 2.7 millones de viviendas registradas. La actual administración, bajo el liderazgo de Clara Brugada, tiene como meta alcanzar la construcción de 200,000 nuevas viviendas durante su sexenio.
En este contexto, varios alcaldes han expresado su apoyo a la Norma 26 y han propuesto iniciativas adicionales para abordar la gentrificación y facilitar el acceso a viviendas asequibles. Una de estas propuestas, presentada por Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, sugiere que las empresas constructoras ofrezcan opciones de vivienda asequibles para los residentes locales, contribuyendo así a mitigar el desplazamiento de la población.
