Las finanzas públicas de un país son un pilar fundamental para garantizar su estabilidad macroeconómica. En este sentido, es necesario explorar más allá de los análisis convencionales y adoptar un enfoque que contemple diferentes indicadores y argumentos de sentido común. Recientemente, se ha señalado que el año 2024 fue atípico para México, con un déficit fiscal de casi 6% del PIB, atribuido a la necesidad de concluir obras del sexenio. Esta situación fue presentada como transitoria, pero los datos ofrecen una perspectiva más amplia.
Al finalizar 2024, el saldo histórico de los requerimientos del sector público alcanzó el 51.4% del PIB, superando así la barrera psicológica del 50%. Inicialmente, se esperaba que este año se reflejara una mejora en las finanzas, y los datos de mayo de 2025 parecen respaldar esa expectativa. Se reportó un superávit primario de 209 mil millones de pesos, una cifra notablemente mejor que el déficit del año anterior. Además, los requerimientos de financiamiento para este año son casi la mitad de lo que se necesitó en mayo de 2024, lo que sugiere que las medidas prometidas están comenzando a dar resultados.
Sin embargo, es fundamental realizar un análisis más completo para entender la dinámica de las finanzas públicas. Una de las comparativas más utilizadas es la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido, el 51% de México puede parecer favorable en comparación con el >100% de Estados Unidos o el >200% de Japón. No obstante, esta no es la forma efectiva de abordar el problema, ya que la capacidad de pago de la deuda depende en gran medida de los ingresos tributarios, que varían significativamente entre países.
En el caso de México, la deuda equivale a 2.2 veces los ingresos anuales, lo que indica que un endeudamiento similar al de Estados Unidos, que es del doble, llevaría a que la deuda se situara en 4.4 veces los ingresos. Esto hace evidente que el país está cerca de su límite de apalancamiento sobre sus ingresos. La situación se vuelve más preocupante al considerar el costo del servicio de la deuda, que en 2024 alcanzó un total de 1.15 billones de pesos, con un incremento anual del 10% respecto a 2023. Hasta mayo de 2025, este costo acumulado ascendió a 460 mil millones de pesos, manteniendo una tendencia creciente que también supera el 10% comparado con el año anterior.
Estos números indican que la dinámica del servicio de la deuda es desfavorable y que está generando presión sobre las finanzas públicas. En este contexto, es imprescindible estimar la trayectoria futura de la situación fiscal y del endeudamiento. Un ambiente de bajo crecimiento económico no se alinea con una buena dinámica de ingresos tributarios, lo que puede crear un círculo vicioso de deterioro en las finanzas públicas de México.
La situación plantea una reflexión que puede ser ilustrativa: ¿qué debería hacer un hogar que se encuentra muy endeudado, con costos financieros que limitan su capacidad de gasto y sin oportunidades inmediatas de mejorar sus ingresos? La respuesta desde el ámbito de las finanzas personales sugiere revisar y recortar gastos para estabilizar la situación. Esta lógica parece aplicable también al caso de un país, donde la responsabilidad fiscal y la planificación cuidadosa son esenciales para evitar un colapso financiero.
Así, el análisis de las finanzas públicas en México no solo debe centrarse en cifras aisladas, sino en una evaluación profunda que considere tanto la capacidad de generación de ingresos como el manejo responsable de la deuda. Este enfoque permitirá formar una visión más clara y ajustada de la situación económica que enfrenta el país, y guiará la implementación de políticas que aseguren un futuro más estable y sostenible.
