La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha expresado su profunda preocupación ante lo que considera posibles actos de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto surge en el contexto de las dificultades que enfrentan numerosas micro, pequeñas y medianas empresas para cobrar adeudos que les deben. En un llamado urgente al gobierno de Claudia Sheinbaum, el organismo patronal solicitó que se tomen medidas para frenar estas prácticas irregulares.
En un comunicado, la Coparmex exigió claridad sobre el estado actual de los pagos pendientes y propuso la creación de un calendario público, claro y verificable, para garantizar que las empresas no se vean forzadas a recurrir a métodos cuestionables para recibir lo que les corresponde legalmente. “No podemos permitir que el cobro por servicios contratados derive en procesos opacos condicionados”, afirmó el organismo, subrayando la gravedad de la situación.
Las denuncias apuntan a que, en diversas ocasiones, las empresas han sido objeto de presiones indebidas por parte de funcionarios de Pemex, lo que ha exacerbado la crisis financiera de muchos proveedores. Según la Coparmex, mientras no se salde la totalidad de la deuda que tiene Pemex con estas empresas, se corre el riesgo de que miles de ellas detengan sus operaciones, despidan personal o incluso cierren de manera definitiva.
La crisis es particularmente aguda en regiones clave para el desarrollo energético del país. Ciudades como Ciudad del Carmen, Tapachula, Irapuato, y estados como Tamaulipas, Oaxaca, Reynosa, Tabasco, Tampico y Veracruz han visto cómo sus proveedores enfrentan una amenaza constante a su viabilidad económica y la de sus comunidades.
Un informe reciente señala que, al 31 de marzo de 2025, la deuda con proveedores se había reducido en un 20 por ciento, situándose en 404 mil millones de pesos. Sin embargo, la Coparmex advirtió que el monto total de deuda de Pemex sigue siendo insostenible, a pesar de que la administración actual ha pagado alrededor de 147 mil millones de pesos, tal como fue informado por la presidenta de México.
A lo largo de su comunicado, la organización patronal recordó que los pasivos acumulados que están presionando a cientos de empresas son consecuencia de prácticas inadecuadas, sobrecostos y contratos poco transparentes que han sido heredados de administraciones anteriores. “Desde el inicio de la actual administración, ha existido un esfuerzo por sanear las finanzas de Pemex”, afirmó.
Sin embargo, la deuda financiera total de Pemex supera los 2 billones de pesos, y se reportó un incremento del 3.8 por ciento al cierre de 2024. Esto ha llevado a la Coparmex a hacer un llamado a la acción, sugiriendo que existen mecanismos legales que el gobierno de Sheinbaum puede utilizar para cancelar o renegociar contratos que resulten excesivos o desventajosos, como ya se ha hecho en administraciones pasadas.
“Más allá del origen, el impacto de no atender con urgencia estos adeudos está comprometiendo la viabilidad de miles de negocios”, enfatizó la Coparmex. Cada factura pendiente, indicó la organización, representa el sustento de familias que dependen de empresas proveedoras que están en riesgo de cerrar.
La situación ha llevado a que muchas empresas ya se hayan visto obligadas a reducir personal, cancelar operaciones o detener proyectos. En algunos casos extremos, empresarios han perdido su patrimonio personal al no poder cumplir con compromisos fiscales, laborales o financieros debido al incumplimiento de pagos por parte de Pemex. La Coparmex ha dejado claro que esta situación no puede prolongarse más, ya que está afectando seriamente la economía de miles de mexicanos.
Con este panorama, la preocupación de la Coparmex se convierte en un llamado a la acción tanto para el gobierno como para la sociedad. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar que las empresas puedan operar sin temor a represalias o irregularidades, asegurando así un entorno de negocios más saludable y justo en el país.
