La potente industria agrícola de Estados Unidos enfrenta una crisis sin precedentes. Con la llegada del mes de julio de 2025, la falta de trabajadores agrícolas amenaza con pérdidas de billones de dólares. Esta situación ha sido atribuida a las estrictas políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, las cuales han generado incertidumbre en estados agrícolas clave como California, Texas y Pensilvania.
La agricultura estadounidense ha dependido históricamente de la mano de obra migrante, en su mayoría mexicana y centroamericana, que ha sido fundamental para el cultivo y cosecha de alimentos que nutren a más de 340 millones de estadounidenses. Sin embargo, las nuevas políticas migratorias han generado un conflicto interno en Washington, dividiendo opiniones entre quienes desean endurecer las medidas y quienes reconocen la importancia de estos trabajadores para la economía.
Impacto económico y medidas propuestas
La dependencia de la agricultura estadounidense en trabajadores indocumentados es tal que estados como Dakota del Sur, Nebraska y Dakota del Norte, donde la agricultura representa una parte significativa del PIB, están experimentando una creciente preocupación. La secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, ha sido criticada por su papel en la persecución de inmigrantes indocumentados, una medida que podría dañar la economía agrícola de su propio estado.
La Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial ha advertido sobre la dificultad de reemplazar a estos trabajadores con ciudadanos estadounidenses, dado que los trabajos agrícolas son mal remunerados y carecen de protección adecuada. Aunque algunos sugieren la automatización como solución, esta no es viable para cultivos que requieren mano de obra delicada y especializada.
En respuesta, el gobierno de Trump ha propuesto crear un nuevo tipo de permiso de trabajo para inmigrantes indocumentados que ya laboran en la agricultura. Esta iniciativa permitiría su permanencia legal en el país, contribuyendo así a la economía sin ofrecer un camino hacia la ciudadanía.
El desafío de la reforma migratoria
A pesar de las propuestas, el debate interno en la administración de Trump continúa. Stephen Miller, asesor principal en cuestiones migratorias, sostiene que las deportaciones masivas podrían llevar a ciudadanos estadounidenses a trabajar en el campo, mejorando las condiciones laborales. Sin embargo, esta visión ignora el impacto en el costo de los productos agrícolas, que podría dispararse significativamente.
Según estimaciones de la Universidad de Minnesota, un aumento en los salarios de los trabajadores agrícolas podría triplicar el precio de productos como las fresas, haciendo inviable su venta en el mercado. Este escenario pone en riesgo la sostenibilidad de muchas granjas y podría llevar a la quiebra a numerosos agricultores.
Frente a esta realidad, las organizaciones agrícolas presionan para que se reforme el programa de visas H-2A, permitiendo a los trabajadores extranjeros permanecer en Estados Unidos durante periodos más largos. No obstante, esta solución no aborda la necesidad de mano de obra continua en sectores como la lechería y el empaquetado de carnes, que requieren trabajadores durante todo el año.
La administración de Trump se enfrenta al desafío de equilibrar la seguridad fronteriza con la necesidad de mantener una fuerza laboral que ha sido esencial para la economía estadounidense. Aunque se han presentado propuestas, el futuro de la agricultura en Estados Unidos sigue siendo incierto mientras continúan las tensiones políticas en torno a la inmigración.
