En los últimos meses, el debate sobre el rumbo político de México ha cobrado fuerza, especialmente entre las clases medias y altas. Cada vez son más las voces que advierten sobre un posible deslizamiento hacia el comunismo, evocando comparaciones con regímenes como el de Cuba o Venezuela. Este temor ha encontrado eco en sectores que consideran que las reformas impulsadas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum amenazan la propiedad privada y los derechos democráticos.
La inquietud se ha intensificado tras la reciente reforma judicial que, según críticos, otorgará al gobierno un control excesivo sobre la impartición de justicia. La percepción generalizada es que estas medidas son un paso hacia la concentración del poder en un solo partido, lo que podría llevar al país a un retroceso democrático. En este contexto, se cuestiona la afirmación de López Obrador y Sheinbaum de que México es hoy más democrático que hace seis años.
Desde 1997 hasta 2018, el país experimentó un proceso de consolidación democrática caracterizado por una auténtica división de poderes. Durante este periodo, los organismos electorales operaban con autonomía, permitiendo una alternancia política real. Sin embargo, los críticos argumentan que la actual administración ha desmantelado estos avances, concentrando el control en el partido Morena, con una mayoría calificada que no se consiguió en las urnas.
La presidenta Sheinbaum, quien no participó en la lucha por la transición democrática, ha sido acusada de no entender que el control total del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no representa un avance, sino un peligro inminente para la democracia. Este control se extiende a los organismos electorales, lo que ha generado preocupación acerca de la legitimidad de los procesos electorales y la posibilidad de manipulación del voto.
Los detractores de la administración actual sostienen que, en un periodo de seis años, la división de poderes ha sido erosionada y los órganos electorales han sido sometidos al poder del gobierno y de Morena. Esto ha dejado al país sin contrapesos políticos, lo que podría permitir cambios constitucionales que amenacen la libertad de expresión y de los medios de comunicación.
“Cualquier intento de atentar contra la propiedad privada provocaría que el capital privado abandone el país”, advierte un analista político.
A pesar de las alarmas, hay quienes sostienen que un giro hacia el comunismo es poco probable. Se argumenta que un ataque directo a la propiedad privada podría generar una reacción ciudadana que el gobierno no anticipa. Esta reacción podría ser suficiente para evitar que se implementen medidas que violen la soberanía nacional, como la intervención de Estados Unidos, lo que podría dar argumentos a un líder como Donald Trump para cuestionar la independencia de México.
Es importante destacar que, aunque el riesgo de expropiaciones parece remoto, las libertades políticas del país están bajo amenaza. La narrativa de que México se dirige hacia el comunismo podría ser un recurso retórico para galvanizar la oposición, pero también refleja un sentimiento genuino de preocupación por el futuro democrático del país.
La administración de Sheinbaum ha anunciado planes para una reforma electoral que, según críticos, tiene como objetivo debilitar aún más a la oposición. Este contexto ha llevado a algunos a cuestionar el verdadero objetivo del gobierno: mantenerse en el poder y consolidar su influencia en las cámaras legislativas por un tiempo prolongado.
A medida que avanza el debate, queda claro que el riesgo no es únicamente económico. La posibilidad de un gobierno autoritario que actúe sin restricciones legales está presente. Mientras Morena mantenga su control, se percibe que México se aleja de los principios democráticos y del estado de derecho, lo que ha generado un panorama incierto para el futuro político del país.
En este escenario, el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad se vuelve fundamental. La capacidad de los ciudadanos para expresar sus preocupaciones y participar en el debate político será clave para salvaguardar los principios democráticos y asegurar que las libertades políticas no se vean comprometidas en el camino hacia el futuro de México.
