La extorsión, un problema creciente en México, ha captado la atención de las autoridades a nivel nacional. Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reconoció la magnitud de este delito y delineó un plan estratégico para combatirlo. Durante la presentación de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Gertz Manero subrayó que las extorsiones telefónicas y el ‘derecho de piso’ son las modalidades más comunes.
Las cárceles, tanto federales como locales, han sido identificadas como los principales focos de extorsiones telefónicas. Este fenómeno no solo afecta a individuos, sino que también representa un reto significativo para la seguridad pública. El ‘derecho de piso’, por su parte, es una práctica en la que los delincuentes se presentan físicamente ante las víctimas, generando un ambiente de miedo y presión. Esta actividad delictiva se extiende por municipios y carreteras de varios estados, convirtiéndose en un problema del fuero común.
El Gabinete de Seguridad federal ha señalado que ocho entidades concentran el 66% de las extorsiones a nivel nacional, destacando al Estado de México con 2,049 carpetas de investigación, seguido de Guanajuato, Nuevo León, y la Ciudad de México, entre otros. Este panorama refleja la urgencia de medidas efectivas para mitigar el impacto de estos delitos en la sociedad.
En cuanto a las acciones para frenar las extorsiones telefónicas, Gertz Manero explicó que se presentarán denuncias contra todas las personas involucradas en esta actividad criminal. “De esa manera, todo ese ámbito de las extorsiones telefónicas lo vamos a combatir”, afirmó, destacando el trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad para resolver este problema. Además, se comprometió a hacer públicas las denuncias mensuales relacionadas con las extorsiones que ocurren en las cárceles.
Respecto al combate del ‘derecho de piso’, el fiscal anunció que se establecerán las denuncias necesarias para procesar a los implicados. El objetivo, enfatizó, es que las actividades delictivas del fuero común reciban una atención integral, contando con la colaboración de los estados y municipios.
Esta postura refleja el criterio de la presidenta Sheinbaum de proteger a toda la ciudadanía, independientemente de la jurisdicción local o federal. La colaboración entre autoridades y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad se presentan como los pilares fundamentales para enfrentar el desafío que representan las extorsiones en México.
