El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció el 7 de agosto que la inflación anual de julio se ubicó en 3.51%, un descenso notable en comparación con el 5.57% reportado en el mismo mes del año anterior. La inflación mensual se registró en apenas 0.27%, lo que podría interpretarse como una señal positiva en un entorno donde los hogares han enfrentado aumentos constantes en los precios. Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta reducción no se debe a una recuperación económica general ni a los efectos inmediatos de la política monetaria del Banco de México.
A pesar de que el Banco de México ha reducido su tasa de interés a 7.75% desde marzo, su nivel más bajo en tres años, los beneficios de esta medida aún no se reflejan en los precios de los bienes y servicios. La verdadera razón detrás del alivio inflacionario radica en un fenómeno coyuntural: la caída excepcional en los precios de frutas y verduras, que en julio disminuyeron un 12.10% a tasa anual, la más significativa desde 2017.
Productos como la uva, que vio un descenso del 18.35%, la papaya con 8.40%, el aguacate 6.01% y el jitomate 1.91% experimentaron caídas importantes en sus precios. Este desplome en el sector agrícola arrastró al índice no subyacente, que se situó en apenas 1.14% anual, afectando la inflación general y ocultando la presión que persiste en otros sectores del consumo.
Sin embargo, este respiro en las cifras tiene un costo significativo para los agricultores. Casi un millón de personas que dependen de la producción, recolección y comercialización de frutas y hortalizas se ven perjudicadas ante la drástica caída de precios. Cuando los precios se hunden de esta manera, los ingresos de estos trabajadores también se desploman. Esto se traduce en la cancelación de jornales, en la reducción de cosechas y en la pérdida de toneladas de productos que no resultan rentables de recoger. Sin un sistema de precios de garantía ni seguros agrícolas eficientes, la mayoría de estos campesinos queda a merced de un mercado volátil.
La lucha de los agricultores por mantener la inflación a raya no fue solicitada ni acompañada de ninguna protección estatal. Mientras tanto, la situación se complica aún más con el aumento de precios en otros servicios. Comer en fondas, loncherías y taquerías se encareció un 0.54% solo en julio, mientras que “otros alimentos cocinados” aumentaron un 0.90%. Además, los servicios en restaurantes y establecimientos similares subieron 0.43% en el mes y un 7.79% en el último año. La carne, el pescado, los huevos y la leche también han visto incrementos, con un aumento anual del 10.29% en productos de origen animal, afectando especialmente a los hogares de menores recursos.
Aunque la baja en la inflación general es un hecho que debe ser valorado, no se puede caer en triunfalismos. Si los precios se mantienen bajos a costa de los ingresos rurales y, al mismo tiempo, los servicios continúan encareciéndose, el panorama se torna preocupante. La economía avanza a un ritmo modesto de 1.2% anual, según estimaciones del Inegi para el segundo trimestre, lo que sugiere que la situación no es de recuperación firme. Más bien, se podría estar gestando un cuadro de estanflación, donde los precios altos en los servicios y el crecimiento económico lento coexisten, planteando un riesgo que no debe ser ignorado.
Las cifras pueden ofrecer un alivio temporal, pero es fundamental abordar las raíces de este fenómeno y considerar las consecuencias para aquellos que sostienen al sector agrícola. La economía mexicana enfrenta desafíos que requieren atención, y el bienestar de los campesinos no puede quedar relegado en un contexto donde los datos estadísticos parecen favorables.
