La posibilidad de adquirir una vivienda propia se ha convertido en un tema recurrente entre los mexicanos, especialmente entre los jóvenes que se encuentran en la búsqueda de estabilidad y patrimonio. Sin embargo, la realidad económica y social del país plantea un escenario complicado para la mayoría. Según Luis Armando Díaz Infante, secretario nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el acceso a una casa propia está condicionado por factores económicos que dificultan este sueño.
Para ilustrar esta situación, Díaz Infante mencionó que un crédito hipotecario para una vivienda valorada en 2 millones de pesos puede demandar un pago mensual de aproximadamente 20,000 pesos. Esto significa que una familia necesita demostrar ingresos mensuales de al menos 60,000 pesos, lo que equivale a siete salarios mínimos. Sin embargo, la realidad es que alrededor del 70% de la población mexicana no alcanza este nivel de ingresos.
Esta disparidad se acentúa al considerar que más del 55.7% de la fuerza laboral en el país no está afiliada a instituciones de seguro social. Esta falta de afiliación les priva del acceso a créditos del Fovissste o del Infonavit, instrumentos que son fundamentales para la compra de vivienda en México. Sin estas herramientas, muchos se ven obligados a descartar la posibilidad de adquirir una casa.
A pesar del notable aumento en el salario mínimo en los últimos años —de 88 pesos diarios en 2018 a 249 pesos en 2024, lo que representa un incremento del 283%— la capacidad de compra de una vivienda sigue siendo limitada. Se estima que cerca del 70% de la población económicamente activa percibe entre uno y dos salarios mínimos, un segmento que se ha vuelto crucial para cualquier estrategia de desarrollo habitacional.
Asimismo, los cambios en la estructura familiar, el incremento en las tasas de divorcio y una mayor esperanza de vida han generado una demanda creciente de vivienda. La CMIC proyecta que para el año 2025 se requerirán 2.8 millones de casas nuevas, y para 2030, esta cifra podría alcanzar una necesidad acumulada de 6.6 millones de unidades. Este rezago habitacional es especialmente severo en seis estados: Veracruz, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Baja California, donde se concentra el 50% del déficit nacional.
Frente a este panorama, Díaz Infante sugiere que es esencial actualizar los planes de desarrollo urbano, generar reservas de suelo a precios accesibles y diversificar los esquemas de adquisición de vivienda. Además, es fundamental establecer apoyos económicos orientados a sectores vulnerables que enfrentan mayores dificultades para acceder a una casa propia. Sin estos cambios, la posibilidad de mejorar la situación habitacional en el país seguirá siendo un desafío monumental.
El mercado de la vivienda en México enfrenta una encrucijada. Por un lado, la necesidad de construir más y mejores viviendas se vuelve cada vez más urgente, mientras que por otro, las condiciones económicas y sociales dificultan el acceso a este derecho fundamental. La construcción de un futuro en el que más mexicanos puedan aspirar a tener una casa propia dependerá de la colaboración entre el sector público y privado, así como de la implementación de políticas que atiendan las necesidades de la población más vulnerable.
