La reciente presentación de la Ley General Contra la Extorsión por parte del gobierno federal ha generado expectativas y críticas entre especialistas en seguridad. Diversos expertos han manifestado la necesidad de que esta legislación no solo defina con claridad las modalidades de extorsión, sino que también establezca mecanismos de coordinación y rendición de cuentas entre las autoridades responsables de su combate. La extorsión es un delito que ha aumentado considerablemente en México, con cifras alarmantes que exigen una respuesta efectiva.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se reportaron cuatro millones 900,000 delitos de extorsión, lo que se traduce en más de 13,000 extorsiones diarias. Esta situación es aún más preocupante si se considera que la extorsión ha sido catalogada como el delito más frecuente en el ámbito empresarial, con 747,000 casos registrados en 2023, representando el 25.5% del total de delitos cometidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que, a pesar de los esfuerzos realizados, la extorsión sigue en aumento. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que la tasa de extorsión por cada 100,000 habitantes ha pasado de 5.33 en 2018 a 7.73 en 2024. Este aumento del 27.7% en la incidencia de este delito en los últimos años es un claro indicador de que se requiere un enfoque más robusto y sistemático para su combate.
Un análisis de la consultora Lantia destaca que solo el 1.5% de las víctimas de extorsión denuncia estos delitos, lo que genera una cifra negra alarmante. Más del 97% de estos delitos permanece en la impunidad, lo que significa que las víctimas a menudo no ven justicia. La falta de denuncias y la baja efectividad en la recuperación de bienes robados evidencian la necesidad de un marco jurídico que priorice la atención y protección de las víctimas.
Los especialistas como Eduardo Guerrero, director de Lantia, y Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, han enfatizado que el contexto actual requiere urgentemente una respuesta más efectiva por parte de las autoridades. Guerrero señala que el fenómeno de la extorsión se ha diversificado, con grupos criminales que usan tácticas cada vez más sofisticadas, lo que hace que la legislación vigente, que data de 1984, se quede obsoleta.
Además, Rivas ha llamado la atención sobre la falta de coordinación entre distintas fiscalías, lo que limita la capacidad de respuesta a este tipo de delitos. La nueva ley debe contemplar un enfoque que permita a las fiscalías locales y federales trabajar de manera conjunta, así como establecer criterios claros sobre qué constituye la extorsión. Esto es fundamental para evitar que las víctimas sean revictimizadas en el proceso de denuncia.
La presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha sido un paso importante. Esta estrategia propone cinco ejes fundamentales: la generación de detenciones mediante investigación e inteligencia, la creación de unidades antiextorsión locales, la aplicación de protocolos de atención a víctimas, la capacitación de operadores en manejo de crisis y la implementación de campañas de prevención.
Sin embargo, la presidenta Sheinbaum ha destacado que es imperativo modificar la Constitución para otorgar al Congreso la facultad de expedir una Ley General contra la Extorsión. Esta ley deberá ser un marco que obligue a todos los estados a armonizar sus legislaciones locales en relación con la extorsión. Aun no se han dado a conocer detalles específicos sobre el contenido de la iniciativa, aunque se espera que sea bien recibida por diversos sectores, especialmente el empresarial, que ha sufrido considerablemente debido a las prácticas extorsivas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha indicado que los grupos delictivos han diversificado sus métodos, afectando no solo a grandes empresas, sino también a pequeños negocios y migrantes. Este fenómeno, bajo la apariencia de “protección”, implica pagos regulares que suplantan funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos.
Raúl Sapién, presidente Jurídico y de Relaciones Políticas del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ha expresado la importancia de que el proceso legislativo se realice de manera expedita, evitando que esta ley caiga en el mismo limbo que otras reformas necesarias. La urgencia de una legislación unificada que contemple diversas modalidades de extorsión es evidente, dado que actualmente existen más de 20 formas de extorsión que no están debidamente tipificadas en los códigos penales estatales.
El desafío es considerable, especialmente en un contexto donde el poder de fuego de los grupos criminales es cada vez más sofisticado y diversificado. Eduardo Guerrero ha señalado que muchas extorsiones están vinculadas a amenazas de violencia directa, y que es fundamental que la ley contemple protocolos de actuación para situaciones donde se detecten vínculos con organizaciones criminales.
La nueva ley debe también establecer controles para asegurar que el uso de la información personal de los ciudadanos por parte de las autoridades no resulte en violaciones de derechos humanos. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno es crucial, así como la implementación de mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que las estrategias de combate a la extorsión sean efectivas.
La importancia de una legislación integral y coordinada es esencial para enfrentar un delito que ha permeado la vida cotidiana de millones de mexicanos. La respuesta no solo debe centrarse en la persecución de los delincuentes, sino también en la protección y el acompañamiento a las víctimas, asegurando que su derecho a la justicia sea garantizado. En este sentido, el camino hacia una legislación efectiva es complejo, pero no puede postergarse más.
