La controversia electoral en Nuevo León ha tomado un nuevo giro tras la orden emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue al Movimiento Ciudadano (MC). Esta decisión se basa en una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), que señala el uso indebido de recursos públicos y la posible injerencia en el proceso electoral.
En el centro de la acusación se encuentra el coordinador estatal de MC en Nuevo León, quien, además, es diputado local. El PAN sostiene que este político publicó en redes sociales una fotografía en la que aparece con un acordeón, un instrumento musical que, según su interpretación, simboliza un mensaje encubierto relacionado con un fraude electoral. La denuncia sugiere que la imagen forma parte de una estrategia más amplia para manipular el resultado de la elección judicial en la entidad.
La magistrada Janine Otálora Malassis, al presentar el proyecto de resolución, destacó que el PAN argumentó que el partido ha utilizado recursos públicos y movilizado a su militancia para llevar a cabo actos de campaña que podrían constituir un fraude electoral. Otálora Malassis enfatizó que el INE había decidido no iniciar un procedimiento sancionador a pesar de tener conocimiento de un posible ilícito, lo que, a su juicio, representa un incumplimiento de sus obligaciones.
Durante la deliberación, ella subrayó que la denuncia no se dirige solo contra candidaturas específicas, sino contra un partido político por su supuesta injerencia en el proceso electoral. Este aspecto ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de los organismos electorales en la supervisión de la legalidad durante las elecciones.
El TEPJF, por unanimidad, determinó que el INE debe iniciar un procedimiento especial sancionador contra MC y otros actores involucrados. La magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso, apoyó la resolución de Otálora, señalando que el INE no realizó las investigaciones preliminares necesarias para evaluar la denuncia adecuadamente. Soto Fregoso argumentó que es fundamental contar con evidencias suficientes antes de descartar cualquier irregularidad que pudiera afectar el proceso electoral.
El caso de Nuevo León no es el único que ha llamado la atención en el ámbito electoral. La Sala Superior también desechó una impugnación presentada por el PAN en relación con el triunfo de Tania Gisela Contreras López, quien fue elegida como magistrada del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. La impugnación alegaba que Contreras López era inelegible debido a acusaciones de tráfico de huachicol y críticas sobre intentos de censura a periodistas.
La resolución del TEPJF estableció que tanto el PAN como una ciudadana carecían de interés jurídico para impugnar la elección de Contreras López, lo que mantiene firme la validez de su elección y la expedición de la constancia de mayoría que le permitirá asumir el cargo de presidenta del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Estos eventos reflejan la compleja dinámica política en México, donde las elecciones y las acusaciones de irregularidades se entrelazan, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. La atención ahora se centra en cómo el INE procederá en la investigación de las denuncias contra MC y cuáles serán las consecuencias para los actores políticos involucrados.
