El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una medida controvertida que podría cambiar el panorama político del país. Este jueves, el mandatario ordenó un censo extraordinario a mitad de década con el objetivo de excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo poblacional. La decisión, que ya ha desatado tensiones entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, busca ajustar la distribución de los escaños en la Cámara de Representantes.
En un comunicado a través de su red social, Truth Social, Trump indicó: “He instruido a nuestro Departamento de Comercio a comenzar de inmediato un nuevo y altamente preciso censo basado en hechos y cifras actuales, y, lo que es importante, usando los resultados e información obtenida de la elección presidencial de 2024”. Este anuncio ha generado reacciones inmediatas entre los demócratas, quienes anticipan que la medida enfrentará desafíos legales significativos.
De acuerdo con las estimaciones más recientes de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) 2018-2022, el 13.9% de la población de EE.UU. es nacida en el extranjero. De este grupo, el 52.3% son ciudadanos naturalizados, mientras que el 47.7% restante no posee la ciudadanía estadounidense. Históricamente, el censo ha servido para recopilar información fiable sobre el lugar de nacimiento, la ciudadanía y el año de entrada al país, lo que ayuda a las agencias y responsables de políticas a establecer y evaluar normativas migratorias, garantizando así igualdad de oportunidades y adaptando servicios a las diferencias culturales.
Es importante destacar que el Censo no comparte las respuestas individuales con ninguna agencia federal o policial, lo que incluye a las autoridades de inmigración. Esta confidencialidad es un requisito legal que se debe respetar, y que ha sido defendido por la Oficina del Censo de EE.UU. en su sitio web.
La Constitución de EE.UU. establece la realización de un censo cada diez años, pero no menciona explícitamente restricciones en cuanto al estatus migratorio de las personas contadas. La cláusula que se cita comúnmente señala que el número de representantes debe determinarse “sumando el número total de personas libres”, lo que ha llevado a muchos académicos a interpretar que se debe contar a todos los residentes, incluidos ciudadanos e inmigrantes, tanto legales como indocumentados.
En términos de precedentes, aunque la ley exige un censo cada década, ha habido intentos aislados de realizar recuentos intermedios. En los años setenta, por ejemplo, se planteó la posibilidad de un censo en 1975, pero finalmente fue descartado. Sin embargo, la actual orden de Trump marca un hito, ya que nunca antes un presidente había intentado llevar a cabo un censo a mitad de década sin la aprobación del Congreso, lo que anticipa una batalla legal inminente.
Durante su primer mandato, Trump había intentado incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, pero dicha propuesta fue rechazada tras diversas decisiones judiciales que limitaron su implementación. Aun así, los errores en censos anteriores han alimentado la controversia; por ejemplo, el censo de 2020 subestimó la población de estados republicanos como Texas y Florida, mientras que sobreestimó a estados demócratas como Nueva York y Massachusetts. Esta redistribución tuvo consecuencias significativas en las elecciones legislativas de 2022, beneficiando a los republicanos.
Con la intención de redibujar el mapa político antes de las elecciones de 2026, Trump y su partido buscan adelantar la estrategia de redistritación. Tradicionalmente, este proceso ocurre tras cada censo, pero el anuncio de un censo intermedio podría alterar ese ciclo. Recientemente, los republicanos de Texas intentaron reconfigurar su mapa electoral para obtener cinco escaños adicionales, aunque este intento fue bloqueado temporalmente por los demócratas al abandonar el estado durante una sesión especial.
Los funcionarios de estados demócratas como California y Nueva York han advertido que podrían tomar medidas similares en respuesta a los cambios propuestos por los republicanos. Sin embargo, en California, la redistritación a mitad de década está prohibida por su Constitución, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.
La estrategia republicana se extiende a otros estados conservadores como Missouri e Indiana, donde el vicepresidente J.D. Vance ha estado presionando por cambios en los mapas electorales. La pregunta que muchos se hacen es por qué esta medida surge ahora. Desde 1938, el partido en el poder ha perdido escaños en casi todas las elecciones intermedias, con excepciones en 1998 y 2002. Con una mayoría mínima en la Cámara, Trump busca protegerse de una posible ola demócrata que podría debilitar su poder y abrir la puerta a investigaciones legislativas en el tramo final de su segundo mandato.
En este contexto, la orden de Trump de realizar un censo extraordinario podría tener repercusiones significativas no solo en la representación política, sino también en las dinámicas sociales y económicas que dependen de la exactitud del conteo poblacional. Con el futuro del censo en juego, el país se enfrenta a una nueva batalla que promete intensificarse en los próximos meses.
