Neiyerver Adrián Leon Rengel, un migrante venezolano de 27 años, ha interpuesto una queja administrativa contra el Gobierno de Estados Unidos tras ser deportado en marzo hacia El Salvador. Su situación lo llevó a ser recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las prisiones más temidas de América Latina, donde enfrentó condiciones que según sus denuncias, incluyen tortura y aislamiento.
La queja, presentada este jueves, se fundamenta en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, la cual permite a los ciudadanos exigir compensación al Estado por daños causados por sus empleados en funciones oficiales. Rengel reclama un monto de $1.3 millones por daños y perjuicios, argumentando que su expulsión fue arbitraria y sin el debido proceso legal. Este trámite es un paso previo necesario para poder emprender acciones legales formales contra el Gobierno federal.
Su caso no es aislado, ya que es el primero de los 252 venezolanos deportados a El Salvador bajo una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump. Esta medida se amparó en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada para expulsar a presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua. La denuncia de Rengel podría abrir la puerta para que otros migrantes que alegan haber sido acusados injustamente sigan su ejemplo, pues muchos de ellos sostienen que las acusaciones se basan únicamente en tatuajes, gestos o formas de vestir.
Rengel fue arrestado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el estacionamiento de su hogar en Irving, Texas. Según el DHS, los tatuajes de Rengel fueron interpretados como una prueba de su supuesta asociación con el Tren de Aragua, lo que Rengel y sus defensores consideran una violación a sus derechos. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, reafirmó que Rengel era considerado “una amenaza para la seguridad pública”, lo que ha suscitado un intenso debate en torno a las prácticas de deportación del gobierno estadounidense.
Las condiciones de detención en el CECOT han sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Tanto Rengel como otros deportados han denunciado haber sido víctimas de tortura y maltrato durante su reclusión. Muchos de ellos, según amigos y familiares, no tenían vínculos con pandillas, lo que hace más oscura la legitimidad de las acusaciones en su contra.
La semana pasada, en un giro inesperado, todos los venezolanos que habían sido deportados fueron devueltos a su país como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. Sin embargo, el trauma de su experiencia persiste y las denuncias de tortura y maltrato continúan resonando en los medios y en la opinión pública.
El proceso legal que enfrenta Rengel podría sentar un precedente para otros migrantes en situaciones similares. El Gobierno estadounidense ahora tiene un plazo de seis meses para responder a la queja presentada. Si no emite una resolución o la niega, Rengel tendría la posibilidad de llevar su caso ante un tribunal federal, lo que podría extender aún más su búsqueda de justicia en un sistema que muchos consideran fallido.
La historia de Rengel refleja no solo su lucha personal, sino también la de miles de migrantes que enfrentan sistemas de deportación que operan bajo acusaciones a menudo infundadas. La creciente atención mediática sobre este caso podría ser crucial para poner en evidencia las irregularidades en el manejo de las deportaciones y el tratamiento de los migrantes en situaciones vulnerables.
