La tensión política y social en la Ciudad de México se intensificó el pasado lunes cuando un grupo de personas afines a la diputada federal por Querétaro, Laura Ballesteros, interrumpió una conferencia de prensa organizada por el movimiento ambientalista #SalvemosALaureno. La cita tuvo lugar en el predio de Fresas y Miguel Laurent, en la colonia Del Valle Tlacoquemécatl, donde se planeaba leer un posicionamiento en defensa del árbol centenario conocido como “Laureano”, recientemente declarado como “Patrimonio Natural de la Ciudad de México” por el gobierno capitalino.
La ausencia de Ballesteros en el evento no pasó desapercibida. Al parecer, la legisladora busca rehabilitar su imagen en la Alcaldía Benito Juárez, donde ha enfrentado diversas críticas. Su trayectoria política ha estado marcada por episodios controvertidos, incluyendo su paso por el Partido Acción Nacional (PAN), donde fue diputada entre 2012 y 2015, y su posterior incorporación al equipo de Miguel Ángel Mancera como titular del “Nuevo Modelo de Movilidad”.
El conflicto en la conferencia comenzó cuando simpatizantes de Ballesteros, que se presentaron como vecinos del área, intentaron impedir que Diana Sansores, vocera del movimiento ambientalista, leyera el comunicado. Durante este altercado, el periodista Francisco Ortiz Pinchetti, director del periódico Libre en el Sur, fue agredido verbalmente. Según el propio medio, Ortiz Pinchetti fue atacado por un individuo que lo llamó “pinche anciano” y lo hostigó de forma desafiante.
La situación se tornó aún más tensa cuando los asistentes al evento, que apoyaban a la diputada, se enfrentaron a Sansores y otros miembros del movimiento, lo que llevó a un ambiente hostil que no solo afectó a los periodistas presentes, sino también a los activistas que intentaban realizar su labor en defensa del árbol y del medio ambiente.
El planteamiento de Ballesteros en relación con el árbol “Laureano” parece estar motivado por su deseo de posicionarse como candidata para las elecciones del 2027 en la Alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, en el pasado, su postura ha sido vista con escepticismo. En su momento como crítica de las obras del deprimido de Insurgentes-Mixcoac, la diputada había liderado protestas en contra de proyectos que consideraba dañinos para el medio ambiente. Sin embargo, su transición a un papel dentro del gabinete de Mancera generó desconfianza entre sus seguidores, quienes percibieron un cambio en su compromiso con la causa ambiental.
Los recuerdos de promesas incumplidas están frescos en la mente de los vecinos. Durante su gestión, la diputada fue señalada por no dar seguimiento a los $10 millones destinados por la constructora de la Torre Manacar para obras de mitigación en la zona, lo que ha contribuido al rechazo hacia su figura en el ámbito local. Esta situación ha generado un clima de descontento que se manifiesta no solo en críticas abiertas, sino también en actos de agresión como los ocurridos el lunes.
La violencia verbal y la confrontación en eventos públicos son síntomas de una política que, en muchos casos, se ha desviado de su función principal: el servicio a la ciudadanía. En este caso, la falta de escrúpulos no solo se atribuye a Ballesteros, sino que también se extiende a su partido, Movimiento Ciudadano, cuyo comportamiento se asemeja a prácticas de otras épocas de la política mexicana.
El panorama para Ballesteros se complica. Con cada incidente, su imagen se ve más afectada, y la percepción pública de su compromiso con los asuntos ambientales se debilita. La llegada de “golpeadores”, como se les ha denominado a sus seguidores, a eventos en los que se discuten temas de interés público, pone en evidencia un estilo que muchos consideran inaceptable. La política, después de todo, debería ser un espacio de diálogo y construcción, no de agresión y hostigamiento.
Por ahora, el movimiento #SalvemosALaureno sigue en pie, y sus integrantes continúan luchando por la conservación de “Laureano”. Sin embargo, el desafío que enfrentan no solo se limita a la defensa del árbol, sino también a la necesidad de resistir ante tácticas de intimidación que amenazan su derecho a expresarse y a organizarse en pro de la protección del medio ambiente.
