El presidente de comunidad de la segunda sección de Contla de Juan Cuamatzi, Alejandro Flores Xelhuantzi, ha promovido ante el Congreso del Estado de Tlaxcala un juicio político contra la alcaldesa Ana Ivonne Roldán Xolocotzi y los integrantes del cabildo de la administración 2024-2027 tras ser suspendido de su cargo por 90 días. Esta decisión se tomó el pasado 1 de agosto de 2023 durante la décima tercera sesión ordinaria del cabildo, donde se argumentó que Flores Xelhuantzi generaba “ingobernabilidad e inestabilidad social”.
La solicitud de juicio fue ingresada a la Mesa Directiva del Legislativo, presidida por la diputada Maribel León Cruz, y ahora está bajo análisis de la Comisión Instructora de Juicio Político, encabezada por el legislador Miguel Ángel Caballero Yonca. La controversia radica en que la suspensión no fue acompañada de un procedimiento legal ni de la intervención de una autoridad competente que justificara la medida, lo que llevó a Flores Xelhuantzi a buscar justicia en instancias jurisdiccionales.
Los argumentos de Flores Xelhuantzi
En su escrito, Flores Xelhuantzi argumentó que la acción del cabildo violó su derecho político-electoral al ejercicio de su cargo, ya que ninguna autoridad municipal tiene facultades para destituir o suspender a presidentes de comunidad sin una sentencia firme. Presentó pruebas como actas de cabildo, resoluciones judiciales y material audiovisual que respalda su postura.
De acuerdo con la normatividad vigente, el juicio político puede resultar en la destitución e inhabilitación de funcionarios que incurren en violaciones graves a la Constitución o en afectaciones al correcto desempeño del servicio público. Las autoridades municipales denunciadas son la presidenta Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, el síndico Gilberto Flores Maldonado, y varios regidores.
Violaciones a derechos políticos
Flores Xelhuantzi señaló que la decisión del cabildo fue arbitraria, ya que se tomó sin una resolución de una autoridad jurisdiccional competente. Esto, según él, representa una violación de sus derechos políticos, específicamente el derecho a ser votado, consagrado en los artículos 35, 36 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También acusó al cabildo de ignorar su derecho a audiencia y debido proceso.
La Comisión Instructora ahora deberá evaluar la procedencia de la denuncia y, si es necesario, emitir un dictamen al Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre la posible sanción a la presidenta municipal y a los miembros del cabildo de Contla. Este caso pone de manifiesto las tensiones políticas en el municipio, reflejando una situación que podría tener repercusiones significativas en la gobernabilidad de la región.
