El Pleno del Congreso de Baja California ha aprobado una reforma al Código Penal que exenta a las víctimas de robo de vehículo de pagar por servicios de arrastre, maniobras y almacenaje al recuperar sus unidades. Esta medida, impulsada por el diputado Diego Echevarría Ibarra, responde a la creciente problemática del robo de vehículos en el estado, que se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a este delito.
En mayo de 2025, se registraron 83 robos sin violencia, aunque cerca del 55% de los incidentes involucraron actos violentos. Echevarría subrayó que las víctimas enfrentan una doble agresión, ya que, además de sufrir el robo, deben asumir costos que pueden llegar hasta 10 mil pesos por servicios relacionados con la recuperación de sus vehículos. Esta situación afecta directamente la economía familiar, llevando a muchas personas a renunciar a sus vehículos debido a la imposibilidad de cubrir estos gastos.
La reforma también busca corregir una injusticia estructural, al considerar que estos cobros son incompatibles con los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que no son resultado de ninguna conducta sancionable por parte de la víctima. Además, Echevarría destacó la falta de uniformidad en la regulación municipal, donde, por ejemplo, en Mexicali y Playas de Rosarito no existe un plazo para presentar la denuncia, mientras que en Tijuana se exige hacerlo dentro de las primeras 24 horas para acceder a la exención.
El dictamen de la Comisión de Justicia establece que para que una persona propietaria de un vehículo robado no deba cubrir costos de arrastre o almacenaje, es necesario que se presente una denuncia formal ante la autoridad competente dentro de las 72 horas posteriores al robo. Además, se debe presentar la constancia original del reporte de robo y el documento que acredite la liberación o devolución del vehículo.
Durante la votación, el diputado Diego Lara propuso una reserva para asegurar que los ayuntamientos incorporen en sus leyes de ingresos una disposición que exente del pago de multas y derechos por arrastre en casos de vehículos robados y recuperados. De no implementarse, la reforma podría quedar limitada, dado que son los municipios quienes cobran estos conceptos y necesitarían tenerlo establecido en sus normativas para una correcta aplicación.
