Los crímenes de odio en Argentina han alcanzado cifras alarmantes en el primer semestre de 2025, con un total de 102 delitos registrados, lo que representa un 70% más que en el mismo período de 2024, según el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+. Esta situación es particularmente preocupante, ya que 17 personas han perdido la vida debido a su orientación sexual o identidad de género, y 85 han sufrido lesiones físicas.
Un panorama desolador para la comunidad LGBT+
El informe destaca un aumento significativo en los actos homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos, evidenciando un problema estructural en la sociedad argentina. De los 102 crímenes de odio reportados, el 70.6% correspondieron a mujeres trans, seguidas por hombres gay cis con 16.7% y lesbianas con 6.9%. Estos datos reflejan una realidad inquietante en la que las mujeres trans son las más afectadas por la violencia de género.
La violencia no solo se manifiesta en asesinatos, sino también a través de muertes por violencia estructural y suicidios. En los primeros seis meses de 2025, el 23.5% de las lesiones al derecho a la vida fueron asesinatos, un dato que resalta la urgencia de una respuesta social y estatal ante esta crisis. Según el Observatorio, 58.8% de las muertes se debieron a condiciones de precariedad que han llevado a situaciones de violencia sistemática.
El papel del Estado y la sociedad civil
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, creado por la Defensoría LGBT en 2016, tiene como objetivo visibilizar la violencia que enfrenta la comunidad LGBT+ y proponer políticas públicas eficaces. Sin embargo, el informe advierte que, a pesar de la existencia de leyes que castigan los crímenes de odio, el Estado no ha sido capaz de proteger a estas comunidades. En más de la mitad de los casos, la violencia fue perpetrada por agentes estatales, lo que indica una falla grave en la protección de derechos fundamentales.
La situación es aún más crítica en provincias como Buenos Aires, donde se concentra el 60.8% de los delitos. Esto sugiere un problema estructural de subregistro en otras regiones, donde la falta de organizaciones que documentan estos casos puede ocultar la magnitud del problema. “La ausencia de registros no debe interpretarse como ausencia de violencia”, advierte el Observatorio.
Los datos revelan que la juventud es la más afectada, especialmente aquellos entre 20 y 29 años, que representan el 45.16% de los casos. Esta tendencia destaca la necesidad urgente de crear espacios seguros y políticas que protejan a la comunidad. La violencia política y social hacia la diversidad sexual se ha ido intensificando, alimentada por discursos de odio que, en muchos casos, provienen de las voces más altas de la política nacional.
Es imperativo que la sociedad y el Estado trabajen juntos para erradicar la violencia y garantizar un entorno seguro para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. La lucha por la igualdad y la dignidad de la comunidad LGBT+ en Argentina continúa, y los datos del Observatorio son un llamado a la acción.
