En el primer semestre de 2025, Argentina ha enfrentado un alarmante aumento de los crímenes de odio, con un total de 102 delitos registrados, lo que representa un 70% más en comparación con el mismo período de 2024. De estos delitos, 17 personas perdieron la vida a causa de su orientación sexual o identidad de género, y 85 sufrieron lesiones físicas, según el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+.
Un panorama desolador
Los datos son preocupantes, ya que en solo seis meses se alcanzó el 72% del total de crímenes de odio registrados en todo el año 2024, que cerró con 140 casos. El informe destaca que el incremento de actos homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos es un indicador de la violencia que enfrenta la comunidad LGBT+ en el país. “Esta cifra no solo es alarmante por su magnitud, sino por su carácter histórico”, señala el informe.
Las mujeres trans son las más afectadas, concentrando el 70.6% de los casos; seguidas por hombres gay cis, que representan el 16.7%. Las lesbianas, hombres trans y personas no binarias también sufrieron agresiones, aunque en menor medida. Este aumento de violencia hacia la comunidad LGBT+ refleja un contexto de hostilidad y rechazo que se ha intensificado en los últimos años.
Violencia estructural y el papel del Estado
El informe también revela que el 64.7% de los crímenes de odio fueron perpetrados por agentes del Estado, lo que sugiere una grave complicidad institucional en estas violencias. De los 102 crímenes reportados, el 35.3% fueron cometidos por particulares, mientras que el resto está ligado a fuerzas de seguridad o instituciones públicas. Esta situación plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos, en especial a las poblaciones más vulnerables.
Además, el 58.8% de las muertes se atribuyen a violencia estructural, lo que significa que muchas de estas tragedias son el resultado de condiciones materiales de precariedad y exclusión. “El Estado se configura como uno de los principales agentes reproductores de violencia hacia la diversidad sexual”, advierte el Observatorio.
El contexto de violencia, que afecta especialmente a jóvenes adultos entre 20 y 29 años, refuerza la necesidad de una respuesta efectiva por parte del gobierno y de la sociedad civil para erradicar estos crímenes. La historia de lucha por los derechos de la diversidad sexual aún no ha logrado consolidar un entorno seguro y libre de discriminación.
Es esencial que la sociedad argentina tome conciencia de la gravedad de estos hechos y que se exijan mecanismos de protección más efectivos para la comunidad LGBT+. La lucha contra los crímenes de odio no es solo un deber de las autoridades, sino de toda la sociedad, que debe unirse para garantizar la dignidad y la vida de todos sus miembros.
