La situación de seguridad en Campeche ha alcanzado niveles preocupantes, con un notable incremento en el narcomenudeo y otros delitos graves desde que Layda Sansores asumió la gubernatura en septiembre de 2021. Un reciente informe de la revista digital Emeequis revela que el narcomenudeo ha crecido un 141% en este periodo, mientras que los homicidios dolosos y la extorsión han aumentado un 11% y un 70%, respectivamente.
Desde el inicio de la administración de Sansores, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han expandido su territorio en la Península de Yucatán, lo que ha llevado a un aumento significativo en la actividad delictiva. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el incremento de estos delitos coincide con la creciente presencia de grupos criminales en la región.
La Administración para el Control de Drogas del Gobierno de Estados Unidos (DEA) considera a Campeche un punto estratégico para las organizaciones criminales más poderosas de México, basándose en su capacidad de fuego y extensión territorial. En su Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas (NDTA) 2025, se señala que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen una “presencia significativa” en este estado.
En el año 2021, el último ejercicio del gobierno de su predecesor, Carlos Miguel Aysa González, se registraron 145 denuncias por narcomenudeo, 33 por extorsión y 85 homicidios dolosos. En contraste, para 2024, las denuncias por narcomenudeo alcanzaron las 350, el número más alto en la historia reciente, mientras que los homicidios dolosos llegaron a 95.
El crecimiento de los casos de narcomenudeo ha sido constante en los últimos años. En 2022, se reportaron 224 denuncias, lo que significó un aumento del 54% respecto al año anterior. En 2023, esta cifra ascendió a 272, y finalmente, en 2024, se disparó hasta las 350 denuncias. Este patrón no se ha visto en los homicidios dolosos, que también han mostrado un comportamiento al alza, pasando de 85 denuncias en 2021 a 95 en 2024.
La extorsión, aunque alcanzó su máximo histórico en 2023, ha mostrado un comportamiento ambivalente. En 2024, las denuncias cayeron a 55, y hasta junio de 2025, se registraron 15 más. A pesar de esta reducción, si se comparan los números de su primera gestión, el delito sigue en aumento.
En este contexto de violencia, otros grupos delictivos, como el Cártel Pura Gente Nueva y el Cártel de los Valencia Salgado, también están activos en Campeche. Informes de inteligencia militar filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks indican que estos grupos disputan el control del narcomenudeo y otros delitos, incluyendo el sicariato. La actividad delictiva en localidades como Ciudad del Carmen y Escárcega sigue en aumento, con detenciones recientes que reflejan la agudización del problema.
“La situación es crítica, los carteles están tomando el control de las calles y es urgente que las autoridades actúen”, afirma un analista de seguridad.
A medida que el crimen se intensifica, el gobierno de Layda Sansores ha enfrentado críticas por censura y violaciones a la libertad de prensa. La controversia se centra en el diario Tribuna, un medio con 50 años de trayectoria, que ha sido objeto de acciones legales por parte de la gobernadora. Según su alegato, el medio ha incurrido en un ataque sistemático contra ella, lo que ha llevado a una limitación de sus publicaciones.
Este conflicto legal entre Sansores y la Organización Editorial del Sureste, editora de Tribuna, ha suscitado preocupaciones sobre la libertad de expresión en el estado. Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el uso de la autoridad para silenciar a la prensa y han calificado la acción como una forma de represión.
La gobernadora ha argumentado que su defensa es necesaria ante lo que considera un ataque personal, y ha declarado que el medio ha cruzado la línea entre libertad de expresión y “libertad de agresión”. Sin embargo, esta postura ha generado un fuerte rechazo por parte de distintos sectores de la sociedad, quienes ven en ello una clara amenaza a la libertad de prensa en Campeche.
Con la combinación de un aumento significativo en los delitos y una administración que enfrenta cuestionamientos sobre su compromiso con la libertad de expresión, la situación en Campeche parece estar lejos de mejorar. Los ciudadanos se encuentran en una encrucijada donde la seguridad y la libertad de prensa son fundamentales para la construcción de un estado más justo y seguro.
