La defensa de Begoña Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que reconsidere la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a juicio con jurado popular la investigación en la que se le acusa de malversación en relación con la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa.
En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, argumenta que no hay evidencia de que su cliente haya participado en la designación de Álvarez ni en el pago de sus honorarios, por lo que no se puede considerar que haya cometido malversación.
Camacho sostiene que, dado que Gómez es “una particular” y no una “funcionaria pública”, no puede ser juzgada bajo los términos de este delito. Asegura que, como cónyuge del presidente del Gobierno, no tiene mando ni jurisdicción propia ni participa en funciones públicas, lo que la exime de responsabilidad en este caso.
La defensa también cuestiona la imputación de malversación a otros investigados, incluyendo a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid y exnúmero dos de Presidencia durante la designación de Álvarez. Camacho argumenta que ninguno de los implicados puede ser considerado autor del delito mencionado.
Además, el abogado de Gómez menciona que es común en el ámbito laboral que los empleados realicen gestiones personales dentro de su horario laboral, lo que no debería interpretarse como un acto de malversación, especialmente si estos son funcionarios públicos. Para Camacho, esta interpretación de la ley es excesivamente amplia y desconectada de la realidad, afirmando que el Código Penal no debe aplicarse a lo que denomina “uso social”, una práctica ampliamente aceptada.
