El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una nueva legislación el 20 de septiembre de 2025 que prohíbe a los agentes de inmigración y a las fuerzas del orden locales utilizar máscaras durante sus operativos. Esta medida busca aumentar la transparencia en las acciones de estas autoridades, especialmente en áreas como Los Ángeles, donde han circulado videos que muestran a agentes enmascarados arrestando a migrantes, de acuerdo con El Diario MX.
La ley, que entrará en vigor en enero de 2026, prohíbe el uso de pasamontañas, polainas y otros cubrimientos faciales que oculten la identidad de los oficiales. Sin embargo, se exceptúan las mascarillas médicas, los respiradores, los protectores faciales transparentes y los dispositivos de seguridad ocular. Las violaciones a esta normativa serán consideradas delitos menores.
A pesar de ser la primera legislación de su tipo en Estados Unidos, existe la posibilidad de que sea desafiada en los tribunales, particularmente en lo que respecta a su aplicación a los agentes federales. La profesora Aya Gruber de la Universidad del Sur de California advirtió que el gobierno federal podría solicitar una orden judicial para bloquear su implementación, llevando el caso hasta la Corte Suprema.
El Departamento de Seguridad Nacional manifestó su oposición a la ley, argumentando que podría poner en peligro a los agentes al no permitirles protegerse de posibles represalias. La portavoz Tricia McLaughlin criticó la medida, calificándola de “despreciable”, y destacó que los oficiales necesitan resguardarse ante amenazas reales.
La legislación ha generado reacciones polarizadas. Líderes demócratas y académicos, como Erwin Chemerinsky, apoyan la ley como una medida simbólica contra prácticas que “aterrorizan” a la comunidad. Por el contrario, representantes de cuerpos policiales, como Brian R. Marvel, la ven como una “traición preocupante” que podría impactar negativamente en el reclutamiento y la seguridad de los oficiales locales.
Adicionalmente, Newsom firmó cuatro proyectos de ley que limitan el acceso de agentes migratorios a instituciones educativas y hospitales sin una orden judicial, además de requerir que las escuelas informen a los padres sobre la presencia de autoridades migratorias en sus instalaciones.
