La Junta de Castilla y León ha presentado su Anteproyecto de Ley de Presupuestos para el año 2026, el último ejercicio de la actual legislatura, que coincide con la nueva convocatoria electoral fijada para el 15 de marzo. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha revelado que el presupuesto total ascenderá a 15.715 millones de euros, lo que representa un incremento cercano al 8% en comparación con el ejercicio de 2024.
De esta cantidad, se destinarán 5.230 millones al sistema sanitario de la región, marcando un aumento del 7,2%. Según Fernández Mañueco, las cuentas tienen un enfoque “claramente social”, ya que se asignarán 10.449 millones, lo que equivale al 81,38% del gasto no financiero de las consejerías, a áreas como Sanidad, Educación y políticas sociales. Esto indica que más de 8 de cada 10 euros del gasto se invertirán en servicios de calidad relacionados con políticas sociales.
En el ámbito sanitario, el presidente destacó la calidad de los servicios ofrecidos. De los 5.230 millones asignados, 3.049 millones se destinarán a atención especializada, mostrando un aumento significativo del 36,3%. Entre los objetivos que se plantean, se incluye la implementación de cirugía robótica en todas las provincias, el impulso de la medicina personalizada a través de un modelo farmacogenético, y el fortalecimiento de la atención a la salud mental en áreas rurales mediante consultas de psiquiatría, psicología clínica y enfermería especializada.
El presupuesto para 2026 se fundamenta en un escenario macroeconómico respaldado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), asegurando que cumple con los requisitos de los marcos presupuestarios establecidos por los estados miembros de la Unión Europea. Para el próximo año, se prevé un crecimiento del PIB del 2,2%, un déficit del -0,1%, y una deuda que se mantendrá por debajo del 18,5% del PIB, con una tasa de desempleo estimada en el 8% y un aumento del empleo equivalente a tiempo completo del 1,8%. Además, se ha logrado reducir la deuda de Castilla y León al 18,8% a finales del primer semestre de este año, lo que es 2,2 puntos porcentuales inferior a la media autonómica del 21%, según datos del Banco de España.
Tras la presentación de las cuentas, el desafío que enfrenta el gobierno de Fernández Mañueco es su aprobación en el parlamento, donde el Partido Popular cuenta con 31 diputados, mientras que la mayoría se sitúa en 40. Por su parte, Vox, exsocio del gobierno, ha manifestado su falta de disposición para apoyar este proyecto. Aunque aún no ha tomado una postura definitiva, el partido liderado por Santiago Abascal ha anunciado que considerará impugnar el presupuesto, dado que no se ha aprobado el límite de gasto no financiero, presentado la semana anterior. Vox ha calificado de “estafa” el proyecto de ley de Presupuestos Generales y ha señalado que solicitará un informe a los servicios jurídicos de las Cortes y al Consejo Consultivo para determinar la viabilidad de tramitar un proyecto presupuestario sin un “techo de gasto” previamente aprobado.
