La Ciudad de México ha sido clasificada como la octava ciudad más ruidosa del mundo y la primera en América Latina, superando los 100 dB en promedio, según un informe de la ONU. Ante esta alarmante situación, expertos en acústica y planeación urbana identifican las principales fuentes de ruido, que incluyen el tráfico vehicular, el transporte público, y la música proveniente de bares y restaurantes, así como eventos masivos.
La falta de regulación adecuada ha llevado a un aumento en los niveles de malestar y problemas de salud entre los ciudadanos. La exposición constante al ruido puede provocar desde pérdida progresiva de la audición, estrés crónico, trastornos del sueño hasta un incremento en la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este fenómeno afecta de manera particular a los jóvenes, a las personas mayores y a comunidades vulnerables que residen cerca de áreas con alto tráfico o zonas industriales, lejos de espacios verdes.
En respuesta a esta problemática, los diputados Leonor Gómez Otegui y Paulo Emilio García, del grupo parlamentario de Morena, han urgido a la creación de una Ley de Control de Ruido en la Ciudad de México. “Debemos reconocer el exceso de ruido como lo que es, una amenaza que atenta contra el bienestar, la salud y el medio ambiente”, declaró Gómez Otegui en la tribuna del Congreso. La legisladora enfatizó que los vecinos se sienten atrapados en una resignación e impotencia ante esta situación, por lo que la ley buscará garantizar la tranquilidad de la población y el derecho a un ambiente libre de contaminación acústica.
La ONU ha advertido sobre las consecuencias de la exposición prolongada a niveles elevados de ruido, que pueden incluir interrupciones del sueño e incluso la muerte. En este contexto, la alcaldía Cuauhtémoc encabeza las quejas de los vecinos relacionadas con el ruido. En comparación, ciudades como Tokio implementaron en 1968 su propia normativa para controlar el ruido, estableciendo límites específicos según el horario, con niveles máximos de 55 decibeles durante el día y 45 por la noche.
Siguiendo estos ejemplos internacionales, los legisladores proponen un límite máximo de entre 62 y 65 decibeles, junto con sanciones aplicables a establecimientos comerciales, automóviles y obras de construcción. Para asegurar el cumplimiento de esta ley, se prevé la participación de diversas secretarías, incluyendo las de Medio Ambiente y Salud.
La iniciativa, que consta de 30 artículos, ha sido enviada a las comisiones unidas de preservación del medio ambiente, cambio climático y protección ecológica, así como a la de administración pública local.
