Este lunes 20 de octubre se da inicio en la Audiencia Nacional al juicio final del caso Gürtel, una de las tramas de corrupción más complejas en la historia reciente de España. Este caso, que ha generado once juicios previos, involucra a una red que operó entre 1999 y 2009, llevando a la caída del gobierno de Mariano Rajoy tras la moción de censura presentada por el PSOE.
En esta ocasión, se juzgará a Francisco Correa y a otros 20 acusados por delitos de fraude fiscal, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La fiscalía ha solicitado para Correa una condena de 77 años de prisión, mientras se indaga sobre el dinero que logró ocultar en el extranjero, el cual se estima en más de 30 millones de euros, según cifras del juez instructor.
Este juicio representa el cierre de un capítulo que ha sacudido las entrañas del Partido Popular, evidenciando un sistema de financiación irregular que permitió la corrupción en la gestión pública. La trama Gürtel se benefició de comisiones por contratos y la organización de eventos, generando un entramado financiero que llevó a Correa a ocultar su riqueza en paraísos fiscales, incluyendo cuentas en Suiza.
La investigación ha revelado que los fondos ilícitos eran gestionados a través de una serie de empresas en territorios offshore, algunas de las cuales tenían conexiones en la Unión Europea. A pesar de la magnitud del escándalo, hay preocupaciones sobre si se ha descubierto la totalidad del dinero oculto. Por ejemplo, se sabe que Correa no presentó su declaración de la renta durante años, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la investigación.
Entre los colaboradores de Correa se encuentra Pablo Crespo, quien ha admitido su participación en la creación de sociedades en Panamá para ocultar las comisiones percibidas. Además, se ha mencionado la implicación de varios abogados y fiscales que facilitaron el blanqueo de capitales.
La trama ha dejado un legado de condenas, con casi un centenar de personas ya sentenciadas. Los acusados incluyen desde extesoreros del PP hasta contables que manejaron la contabilidad de la red. Este juicio no solo busca justicia para los delitos cometidos, sino que también se enfrenta a la tarea de desentrañar la compleja red de corrupción que ha afectado la política española en las últimas dos décadas.
