La Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú ha decidido archivar todas las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Francisco Sagasti y cinco de sus exministros, cerrando así las investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades durante la gestión de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta resolución, tomada por mayoría, ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social.
Detalles de las denuncias archivadas
Entre las denuncias desestimadas se encuentra una presentada el 2 de julio de 2021 contra Violeta Bermúdez y Oscar Ugarte, quienes se desempeñaban como ministros de la Presidencia y de Salud, respectivamente. Se les acusó de irregularidades en la adquisición de pruebas rápidas, la manipulación de cifras de mortalidad y la compra de vacunas y mascarillas, acciones que se remontan a la administración de Martín Vizcarra. Esta denuncia fue impulsada por el excongresista César Gonzales.
El expresidente Sagasti ha rechazado en diversas ocasiones cualquier acusación relacionada con irregularidades, afirmando que su administración actuó dentro del marco legal y constitucional. En una carta publicada en su cuenta de X/Twitter, negó también que hubiera algún “interés subalterno” en decisiones administrativas.
Otras denuncias y su impacto
Además, se archivó la Denuncia Constitucional 437 contra Alfonso Gilberto Chavarry Estrada, presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, centrada en el nombramiento indebido de un director general que no cumplía con los requisitos establecidos por la ley. La falta de pruebas contundentes ha sido un factor determinante en el cierre de estas investigaciones.
La lista de denuncias archivadas incluye la Denuncia Constitucional 103 contra María Antonieta Alva Luperdi, exministra de Economía y Finanzas, acusada de negociación incompatible durante la crisis sanitaria. Asimismo, se archivó la Denuncia Constitucional 276 contra Dimitri Nicolás Senmache Artola, quien fue señalado por presuntas infracciones constitucionales en el caso de la fuga de Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones.
Finalmente, el informe parlamentario concluyó que no existían elementos probatorios que sustentarán la Denuncia Constitucional 449 contra Jorge Antonio López Peña, exministro de Salud, lo que llevó a su archivo definitivo. La realidad es que estas decisiones marcan el fin de una serie de investigaciones legislativas en torno a la administración de recursos y la gestión de información durante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en Perú.
