El 22 de agosto de 2025, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma constitucional que establece los lineamientos para la amnistía y el indulto, con 23 votos a favor. Esta modificación es un paso significativo en la regulación de estas figuras jurídicas, ya que se fijó un plazo de 150 días hábiles para la creación de una ley secundaria que defina en detalle los procedimientos y efectos de ambas.
Detalles de la reforma
La reforma modifica los artículos 57 y 80 de la Constitución local, otorgando al Congreso la facultad exclusiva de conceder amnistías, mientras que el indulto quedará bajo la atribución del Ejecutivo estatal. A pesar de que se establecen principios generales, aún no existe una legislación secundaria que regule los procedimientos específicos, lo que ha generado cierto debate entre los legisladores.
Este dictamen surge de la acumulación de seis iniciativas presentadas entre 2022 y 2024 por diversos legisladores y ciudadanos. Un caso relevante que impulsó la discusión fue el indulto otorgado en junio de 2024 a Sanjuana Maldonado Amaya, que se concedió en ausencia de una ley reglamentaria, lo que motivó la presentación de una de las iniciativas que ahora forman parte del dictamen actual.
Implicaciones y próximos pasos
Durante el análisis en comisiones, se discutieron borradores y se resaltó la importancia de diferenciar entre “indulto por gracia” e “indulto necesario”. Sin embargo, la reforma solo establece que en los próximos 150 días hábiles se llevarán a cabo mesas de trabajo entre el Congreso y el Ejecutivo para elaborar la ley correspondiente.
Esta reforma permitirá al Congreso otorgar amnistías por delitos del fuero común, especialmente en casos que impliquen razones humanitarias, sociales o derivadas de violaciones al debido proceso. Por su parte, el Ejecutivo podrá conceder indultos conforme a las nuevas disposiciones, lo que podría tener un impacto importante en el sistema de justicia del estado.
