La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México inició el análisis de una propuesta legislativa que busca tipificar el delito de reclutamiento forzado de menores, con sanciones que podrían llegar hasta 30 años de prisión para quienes los incorporen a grupos criminales mediante engaños o coacción.
La iniciativa fue presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, quien destacó que el reclutamiento de menores se ha incrementado a través de redes sociales como TikTok, donde se han identificado más de cien cuentas dedicadas a captar adolescentes.
Salinas Reyes explicó que el actual Código Penal estatal no incluye un tipo penal específico para este delito, lo que dificulta la sanción adecuada de estas prácticas delictivas.
La diputada mencionó que los menores son frecuentemente contactados a través de videojuegos o falsas ofertas de empleo, especialmente en municipios cercanos a Michoacán, Hidalgo y Guerrero, donde la presencia del crimen organizado es más notable. También indicó que la propuesta contempla el fortalecimiento de las capacidades institucionales para investigar y litigar estos casos.
“La delincuencia organizada opera sin límites y en la impunidad. Actualmente, para extorsionar, secuestrar o cobrar derecho de piso, están al acecho de los más vulnerables y de lo más valioso que tenemos: nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó.
La propuesta no solo busca incrementar las penas, sino también crear herramientas jurídicas para que las autoridades puedan perseguir el delito y proteger a las víctimas. Se plantea la integración de un nuevo artículo que sancione directamente el reclutamiento forzado infantil con penas que van de 15 a 30 años de prisión.
Durante la sesión, la diputada del Partido del Trabajo, Ana Yurixi Leyva Piñón, expresó su apoyo a la iniciativa y mencionó que estados como Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán ya han legislado sobre este tema. De ser aprobada, el Estado de México se convertiría en la quinta entidad del país en establecer esta figura penal.
La propuesta seguirá en análisis por las comisiones correspondientes con el objetivo de ser dictaminada y enviada al Pleno para su votación.
