Las diferencias internas en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción han impedido que se emita una postura oficial sobre el escándalo del huachicol fiscal. Desde el 15 de septiembre, la falta de consenso ha sido un obstáculo para solicitar a las autoridades que rindan cuentas.
Recientemente, se presentó un pronunciamiento en la página oficial del Consejo para investigar la discrepancia entre los ingresos y las propiedades del senador Adán Augusto López. Sin embargo, dicho pronunciamiento fue retirado por otra consejera, lo que genera la pregunta: ¿no es esta la función del Consejo? ¿O están allí para encubrir la corrupción?
En otro tema, el diputado Gerardo Fernández Noronha ha anunciado que solicitará una licencia temporal el 24 de octubre, en medio de una gira por el país. No ha especificado a qué se dedicará durante este tiempo, lo que ha generado preocupación entre quienes conocen que sus ingresos dependen de su salario como senador. La incertidumbre sobre cómo financiará sus gastos es palpable.
En el terreno judicial, la situación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es igualmente preocupante. La presidenta Mónica Soto no ha convocado a una sesión extraordinaria para abordar asuntos pendientes, como el caso de los acordeones. Con la salida inminente de la magistrada Janine Otalora el 31 de octubre, el tribunal podría quedar sin quórum. Esta falta de acción plantea interrogantes sobre la efectividad de la presidenta del TEPJF, cuya prioridad parece ser asistir a eventos en lugar de abordar los problemas urgentes.
En el ámbito político, el PAN se encuentra en una encrucijada. Su líder, Jorge Romero, ha expresado la intención de terminar las alianzas con el PRI para regresar a los principios del partido. Sin embargo, en algunas entidades, como Nuevo León, lideradas por Policarpo Flores, persisten los acuerdos con el tricolor, lo que ha llevado a la intervención del Comité Ejecutivo Nacional para aclarar que cualquier decisión sobre coaliciones no es competencia del Comité Estatal.
Por otro lado, un reciente estudio en Jalisco, gobernado por Pablo Lemus, destaca la importancia de la economía digital para las MIPYMES. Según el análisis de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, las empresas con presencia digital generan casi un 30% más en ingresos que aquellas que no utilizan tecnología. Además, el 69% de las pequeñas empresas atribuyen su crecimiento a plataformas de hospedaje, que a menudo recomiendan negocios locales, muchos de los cuales son dirigidos por mujeres.
Finalmente, se han presentado quejas respecto a la ministra Lenia Batres, quien ha sido acusada de omitir la obligatoriedad de consulta en la Suprema Corte de Justicia sobre leyes que afectan a grupos vulnerables. Este cambio suscita preocupaciones sobre el futuro de la Corte y su compromiso con los derechos de estos grupos, planteando la pregunta: ¿dónde queda la justicia social?
