La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha manifestado su inquietud respecto a las reformas propuestas a la Ley de Amparo por parte del Ejecutivo Federal, las cuales se encuentran en proceso de análisis en el Senado.
Según el organismo, estas modificaciones limitan de manera significativa la efectividad del juicio de amparo, un mecanismo histórico de defensa ciudadana. En particular, las reformas restringen el alcance colectivo de este juicio y disminuyen las posibilidades de suspender actos de autoridad que podrían causar daños irreparables.
COPARMEX también ha señalado que las propuestas debilitan la seguridad jurídica en el país, lo que incrementa los riesgos para quienes generan empleo y desalienta la inversión en México. Uno de los aspectos más preocupantes es la eliminación del interés legítimo colectivo, lo que obligaría a cada ciudadano o empresa a litigar de forma individual, aumentando así los costos y dificultando el acceso a la justicia.
Asimismo, se ha denunciado que estas reformas otorgan al Poder Ejecutivo una injerencia inapropiada en la agenda judicial, lo que pone en peligro la independencia de los tribunales.
En el ámbito tributario, COPARMEX ha alertado sobre cambios al Código Fiscal que amplían las facultades del SAT, reducen los tiempos de defensa y permiten cobros fiscales inmediatos, lo que representa un riesgo significativo para la operación de las empresas y la estabilidad del empleo.
Finalmente, se advirtió que los ajustes a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrían ser utilizados como un mecanismo de presión política sobre los magistrados, bajo el pretexto de evaluaciones de desempeño o digitalización forzada, afectando a contribuyentes que carecen de acceso a la tecnología.
Ante esta situación, COPARMEX ha solicitado participar en las mesas de trabajo del Senado para contribuir con la perspectiva del sector productivo y prevenir que las reformas vulneren derechos fundamentales. El organismo ha hecho un llamado al Poder Legislativo para que se establezca un diálogo amplio con la sociedad civil, la academia y expertos jurídicos, con el fin de preservar el juicio de amparo como un derecho accesible y esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho en México.
