Morelia, Michoacán.- El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, ha denunciado una grave crisis en el sistema de justicia del estado, resaltando que se favorece a los delincuentes en delitos graves como la violación, al permitir penas mínimas, en contraste con la severidad de las condenas por robo de vehículos. “Resulta que en Michoacán es más grave robarse un carro que violar a una mujer”, afirmó en conferencia de prensa.
Valencia enfatizó que a través de procedimientos abreviados, violadores han recibido condenas de apenas cuatro o cinco años, mientras que los robos de autos son castigados con hasta diez años de prisión. Este desbalance en la aplicación de la justicia pone en tela de juicio la efectividad del sistema judicial en la protección de las víctimas.
Urgente reforma judicial
El líder priista destacó que el 90 por ciento de los casos de violación ocurren dentro del núcleo familiar, lo que hace aún más urgente una reforma profunda en el sistema judicial. “La violación es un delito que no baja, y lo peor de todo es que el 90 por ciento de los victimarios son familiares: padres, hijos, primos, incluso abuelos”, aclaró.
Criticó las reformas judiciales implementadas recientemente, indicando que no han resuelto nada y solo han permitido la entrada de “cuates y amigos políticos al Poder Judicial”. Valencia relató un caso impactante de un juicio por cinco asesinatos que podría reiniciarse debido a que el juez a cargo dejará su puesto el 12 de septiembre. “Llevamos tres años de juicio y podrían reponer toda la etapa de enjuiciamiento. Ese es el reflejo de un sistema lento e ineficiente”, subrayó.
Concluyó que mientras persista la impunidad, “los acuerdos abreviados son transacciones comerciales, no justicia”.
Violencia en Morelia
Por otro lado, Valencia también hizo un llamado respecto a la alarmante violencia en Morelia, donde se han registrado más de 200 homicidios dolosos en la actual administración municipal. “En Morelia estamos viendo lo que nunca habíamos visto antes: las narcomantas por todos lados, los enfrentamientos, los escenarios comerciales”, advirtió, sugiriendo que si no se toman medidas, la situación podría empeorar.
De acuerdo con sus registros, la capital michoacana acumula 206 ejecutados, a pesar de los anuncios oficiales que aseguran una disminución en la incidencia delictiva. “Cuando hablan de que baja la incidencia de homicidios es porque lo hacen con respecto de un mes a otro. En efecto, en mayo hubo un pico de 22 homicidios, bajó en junio y julio, pero en agosto subió nuevamente”, detalló.
Valencia compartió su experiencia reciente al reunirse con víctimas en el municipio de Zinapécuaro, quienes enfrentaron amenazas tras compartir sus denuncias. “Me tocó escuchar todo lo que padecen y darme cuenta de cómo los amenazaron después de que estuve allá para que no comunicáramos nada al respecto”, insistió.
Asimismo, denunció que los transportistas en corredores logísticos han tenido que modificar sus rutas y horarios para evitar riesgos, lo que incrementa costos y complica las entregas. “La inseguridad se ha normalizado en varios puntos del estado”, lamentó, acentuando que “hay una crisis cada día más cercana a la capital del estado”.
A pesar de la situación, Valencia reconoció la reciente detención de un homicida en la carretera a Mil Cumbres como un avance, concluyendo que “creo que es el primer paso para la detención de todo el grupo criminal que opera en la zona”.
La crisis en el sistema de justicia y la creciente violencia en Michoacán son temas que requieren atención inmediata, y las declaraciones del PRI subrayan la urgencia de un cambio significativo en la política de seguridad y justicia del estado.