La situación actual de Pemex es crítica. En medio de un rescate financiero que se tambalea y la creciente falta de pago a sus proveedores, la empresa estatal enfrenta un llamado de atención urgente desde su Consejo de Administración y sus diversos órganos de control. La Subdirección Jurídica de Contratos, liderada por Patricia Duque Aguilar, ha sido señalada como un cuello de botella que obstruye la gestión y ha generado preocupaciones serias sobre posibles laudos condenatorios.
En la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, la inquietud es palpable. Las deficiencias en la gestión de Duque Aguilar han llevado a una parálisis institucional que afecta no solo la toma de decisiones, sino también la percepción de transparencia dentro de la empresa. El caso de los contratos mixtos, un proyecto emblemático de la administración actual, es un claro ejemplo de esta crisis. El modelo contractual se elaboró sin la claridad necesaria, resultando en un documento confuso que mezcla cláusulas de modelos anteriores, lo que ha alarmado a inversionistas como Diavaz, Jaguar, Carso, Woodside Energy y la china Sinopec.
Aunado a esto, la falta de seguimiento en la gestión de autorizaciones ha originado retrasos críticos, lo que ha complicado aún más el panorama. Existen serias acusaciones de corrupción en la emisión de opiniones de viabilidad jurídica, con denuncias de que operadores externos han utilizado el nombre de Juana Lilia Arroyo, gerente de Cumplimiento Legal, para solicitar pagos exorbitantes a empresarios a cambio de dictámenes favorables. Las irregularidades en la gestión de Duque Aguilar no son nuevas; su historial en Pemex incluye procedimientos administrativos y sanciones previas, así como quejas por maltrato al personal.
Además, se ha señalado que Duque Aguilar no ha logrado superar las pruebas psicométricas internas de la institución en varias ocasiones, lo que cuestiona aún más su capacidad para liderar el área jurídica. La desconexión entre la Dirección Jurídica y las áreas operativas de Pemex se ha acentuado, lo que ha llevado a la desaparición de las gerencias jurídicas regionales que anteriormente facilitaban la comunicación y la colaboración. En lugar de apoyar la operativa técnica, la Subdirección Jurídica parece actuar como un área de auditoría, duplicando funciones que ya son realizadas por otras instancias dentro de la empresa.
Este escenario ha generado una creciente preocupación entre las autoridades del sector energético. La denuncia interna sobre la gestión de Duque Aguilar pone en riesgo el cumplimiento de funciones esenciales que son cruciales para el funcionamiento de Pemex, como el apoyo legal a las áreas sustantivas, la garantía de un marco de legalidad en las decisiones estratégicas y la protección del patrimonio jurídico de la empresa. Las repercusiones de esta situación podrían tener consecuencias financieras y reputacionales significativas.
En otro ámbito, la situación relacionada con el litigio de las aseguradoras y el SAT también está generando incertidumbre. Desde Carlos Urzúa hasta Edgar Amador, varios funcionarios han coincidido en que la instancia que preside Antonio Martínez Dagnino debería abandonar la intención de cobrar retroactivamente un IVA que asciende a la asombrosa cifra de 170 mil millones de pesos desde 2018. Aunque los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa estuvieron cerca de ceder ante el SAT, el cambio de postura de la actual dirección ha favorecido a las aseguradoras, lo que mantiene el caso en un estado de espera para ser votado.
Por otra parte, la posible venta de Marzam aún se encuentra en una fase preliminar. Aunque se ha llegado a un acuerdo inicial con el Grupo Omni, cuyo principal accionista es Moisés Chaves, el cierre del negocio dependerá del cumplimiento de ciertas cláusulas. Hasta el momento, no se ha realizado el pago ni la transmisión de la propiedad, y el proceso está lejos de concluirse. Mientras tanto, la empresa de Luis Doporto logró una reestructura financiera de 600 millones de pesos con HSBC y Santander, lo que le permitirá seguir operando.
Finalmente, otro tema que ha cobrado relevancia es la adquisición de las 15 plantas de energía eléctrica de Iberdrola por parte de Cox Energy. La empresa española, encabezada por Enrique Riquelme, no cuenta con los fondos necesarios para completar la operación de 4,200 millones de dólares. En este caso, la financiación inicial será provista por el propio conglomerado energético, mientras se busca la participación de fondos de pensiones como ocurrió en transacciones anteriores.
La situación de Pemex y sus implicaciones no solo afecta a la empresa, sino que también refleja un problema más amplio en la gestión de recursos y la transparencia en el sector energético. La necesidad de una revisión profunda en los procesos internos es evidente, y la confianza en la gestión actual está en juego.
En medio de esta crisis, es fundamental que se implementen cambios significativos para restaurar la confianza tanto interna como externa, y así asegurar que Pemex pueda cumplir con su misión en el sector energético del país.
