Morelia, Michoacán.- Las recientes declaraciones del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, han generado un rechazo contundente entre diputados locales de diversos partidos. Manzo sugirió que los jóvenes involucrados en actividades delictivas deben ser denunciados por sus padres, o de lo contrario, “serán abatidos”. Esta afirmación ha sido calificada como irresponsable por legisladores del PT, PAN, PRI y Morena.
Críticas a la falta de respeto por la vida humana
El secretario de Finanzas de Morena en Michoacán, Rigoberto Márquez Verduzco, expresó que no se puede poner en riesgo la vida humana con declaraciones de esta índole. En entrevista, comentó que “ya manejar un tema polémico sobre abatir o no abatir son vidas humanas, y considero que debe de haber respeto a estas vidas”.
Márquez Verduzco subrayó la importancia de una estrategia de seguridad bien planeada, que atienda tanto la prevención del delito como la creación de oportunidades para la juventud. “Atacar las causas de la violencia a través de programas sociales es vital”, añadió.
Por su parte, el diputado panista Antonio Salas también cuestionó las palabras de Manzo, aunque reconoció que la inseguridad requiere acciones firmes. “No se trata de decir disparates”, afirmó, sugiriendo que este tipo de declaraciones deberían discutirse en comisiones específicas del Congreso local.
La importancia del Estado de Derecho
El legislador del PT, Reyes Galindo Pedraza, recordó que los ayuntamientos tienen atribuciones en materia de seguridad, pero deben cumplirlas dentro del marco jurídico. “Cualquier acción que los gobiernos tomen debe ser en el marco de la Constitución y con respeto a los derechos humanos”, destacó.
Galindo Pedraza enfatizó que la seguridad pública es una política en constante revisión y que no puede resolverse únicamente con acciones punitivas. “La solución integral pasa por atender factores sociales como la educación y el desarrollo económico”, afirmó.
Finalmente, la secretaria técnica del Consejo Estatal del PRI, Edna Martínez Nambo, reiteró la importancia del Estado de Derecho. “No se puede violentar el Estado de Derecho; por mucho que existan criminales, tienen derechos”, argumentó, añadiendo que las autoridades deben actuar siempre con apego a la ley.
La situación en Uruapan es compleja, y las declaraciones del alcalde han puesto de manifiesto la necesidad de un enfoque más sensible y legal en el manejo de la seguridad pública.
