La situación entre las operadoras de telecomunicaciones y los contratos gubernamentales ha tomado un giro inesperado. En un reciente desarrollo, el Gobierno ha decidido anular la adjudicación del lote 3 de ciberseguridad e Internet, previamente otorgada a MasOrange, a raíz de la impugnación presentada por Telefónica.
Este cambio fue confirmado el 4 de octubre, después de que se revelara que el Gobierno había suspendido la adjudicación desde el 23 de agosto. Según la información publicada por Expansión, el proceso de adjudicación ha quedado completamente anulado, lo que no son buenas noticias para MasOrange.
El contrato en cuestión, que forma parte del proyecto CORA III, es de vital importancia, ya que incluye servicios de interconexión relacionados con la seguridad, así como centros de datos e Internet. Este contrato no solo gestiona la infraestructura de todos los Ministerios del Gobierno español, sino que también afecta a más de 100 organismos que dependen directamente de estos servicios. La adjudicación original a MasOrange fue por un monto de 55,26 millones de euros sin IVA, cifra que, aunque menor a su estimación inicial de más de 100 millones, representaba una victoria significativa para la empresa.
La decisión del Gobierno de anular el contrato proviene del Ministerio para la Transformación Digital, bajo la dirección de Óscar López. La anulación se realizó tras la resolución del TACRC (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales), que atendió la impugnación de Telefónica.
De acuerdo con las declaraciones del Ministerio, la situación ha sido revertida “hasta el momento anterior a la adjudicación”, dejando el proceso en un estado incierto mientras se espera una confirmación sobre los pasos a seguir por parte del Gobierno.
La mesa de contratación será responsable de decidir el futuro del proceso. Existen múltiples factores a considerar, aunque aún no hay información oficial. Una de las posibilidades es que MasOrange sea excluida del proceso debido a los acontecimientos recientes, aunque esta exclusión no es inevitable.
La impugnación de Telefónica se basó en varios argumentos, aunque solo uno fue validado: la falta de un plan de igualdad por parte de Mnemo, una de las entidades que forma parte de la unión temporal de empresas (UTE) con MasOrange y TRC. A pesar de que ambas propuestas presentaron características técnicas muy similares y recibieron alta puntuación, la oferta de MasOrange fue más competitiva, con un precio inferior de 8 millones de euros en comparación con la de Telefónica.
En los próximos días, se espera que el Gobierno comunique sus planes definitivos sobre la adjudicación de CORA III, ya que es probable que busquen evitar la prolongación del proceso de concesión. Dada la naturaleza de la competencia, donde las únicas contendientes son Telefónica y MasOrange, la situación se torna aún más delicada.
