El pasado jueves, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México emitió un comunicado donde dejó en claro que la compañía Uber no tiene la autorización federal necesaria para ofrecer servicios de transporte de pasajeros hacia o desde los aeropuertos del país. Esta aclaración se produce a pesar de que un juez había suspendido la norma que permitía detener a los conductores de Uber que operan en estas áreas.
La SICT explicó que la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) no ha otorgado ningún permiso a las plataformas digitales para operar en las zonas aeroportuarias. Por ende, las actividades de Uber en dichos puntos carecen de respaldo oficial.
Esta situación se desató tras la intervención de la Guardia Nacional en varios aeropuertos, donde se implementaron operativos para detener a los conductores de Uber, argumentando que no cumplían con la normativa vigente. Ante esto, Uber decidió promover un amparo para defender su derecho a operar.
La controversia sobre la operación de Uber en aeropuertos refleja un conflicto más amplio en torno a la regulación del transporte privado en México, donde las autoridades buscan equilibrar el uso de nuevas tecnologías con la seguridad y regulación del transporte público.
