La política progresista en México enfrenta un enigma que trasciende la soberanía nacional. A menudo, las decisiones internas son consecuencia directa de las imposiciones de Estados Unidos, ya sea en forma de aranceles, tarifas o impuestos. Esta dinámica se observa en la respuesta del gobierno mexicano a temas como la migración y el combate al crimen organizado.
La presidenta de la república ha mostrado actitudes que evidencian incongruencias en la política exterior, lo cual refleja una concepción errónea de que la mejor política exterior emana de una política interior sólida. Sin embargo, la realidad es que muchos de los desafíos que enfrenta el país están determinados por el contexto geopolítico. Por ejemplo, la contención de migrantes centroamericanos es una respuesta a las presiones comerciales de Estados Unidos, lo que ha llevado a México a dificultar su tránsito hacia el norte.
Otro aspecto crucial es la lucha contra el crimen organizado, que no es simplemente un prolongamiento del enfoque pacifista del gobierno, sino una necesidad resultante de diagnósticos externos. La falta de represalias tras el secuestro de Mayo Zambada ilustra la compleja relación entre ambos países; el gobierno mexicano ha optado por buscar explicaciones en lugar de actuar, lo que revela una falta de congruencia en la política exterior.
La relación de la Cuarta Transformación con el mundo comenzó de manera controvertida, al ofrecer apoyo humanitario a Evo Morales durante su huida de Bolivia, en medio de acusaciones de fraude electoral. Este episodio marcó el inicio de una postura de intervención humanitaria que ha sido objeto de debate, pero que el gobierno defiende como un acto noble.
Recientemente, la presidenta comentó sobre la situación política en Bolivia, lamentando la división de los movimientos progresistas en ese país. Sin embargo, la repetición de términos como “gobiernos progresistas” puede llevar a confusiones. Este concepto, que evoca el lema “Orden y progreso” de la bandera brasileña, parece perder su significado en el contexto actual, donde la claridad en la definición de términos es esencial.
El caso de Perú, donde Claudia Sheinbaum ha criticado la situación del expresidente Pedro Castillo, también ilustra la complejidad de la narrativa progresista. Al abogar por la libertad de Castillo como un símbolo de la lucha por la democracia, surgen preguntas sobre la naturaleza de lo que constituye una democracia justa. La retórica utilizada por los líderes políticos, a menudo cargada de frases repetitivas y poco significativas, puede desvirtuar el verdadero sentido del progreso y la justicia social.
