Este jueves, el Congreso de los Diputados votará para nombrar a la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, como la nueva representante del PP en la Comisión de Gastos Reservados. Este órgano parlamentario, que supervisa al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha acumulado una serie de tareas incumplidas que generan preocupación.
La Comisión de Secretos, cuyos encuentros se realizan a puerta cerrada, está compuesta por un miembro de cada grupo parlamentario, generalmente su portavoz. Para acceder a información clasificada, se requiere la autorización del Pleno del Congreso. Actualmente, esta comisión incluye a Patxi López del PSOE, Pepa Millán de Vox, Enrique Santiago de Sumar, Gabriel Rufián de ERC, Míriam Nogueras de Junts, Mertxe Aizpurua de Bildu, Maribel Vaquero del PNV y Néstor Rego del BNG, en representación del Grupo Mixto.
La votación de Muñoz, que se realizará en secreto mediante papeletas, es un paso necesario tras la salida de Tellado de la portavocía del PP, al asumir el cargo de secretario general del partido. A lo largo de la actual legislatura, ha habido múltiples cambios en la composición de esta comisión. El más reciente ocurrió en junio, cuando Maribel Vaquero sustituyó a Aitor Esteban como representante del PNV.
Sumar ha experimentado la mayor cantidad de cambios, con tres representantes distintos desde el inicio de la legislatura. La primera elegida fue Marta Lois, quien dejó su puesto para presentarse a elecciones gallegas. Luego, Iñigo Errejón ocupó el cargo, pero renunció tras acusaciones de acoso sexual. Finalmente, Enrique Santiago fue designado como el nuevo portavoz de Justicia e Interior, cediendo el puesto a la actual portavoz del grupo, Verónica Martínez Barbero.
Según la legislación vigente, la Comisión de Secretos tiene la responsabilidad de supervisar el uso de fondos reservados por parte de varios ministerios, incluyendo Interior, Exteriores, Defensa y el CNI. Los titulares de estos ministerios deben presentar informes sobre el uso de estos recursos cada seis meses, sin embargo, esta obligación legal no se ha cumplido. La última vez que se ofrecieron informes fue a finales de 2022, con las comparecencias de Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.
El PP ha solicitado que estos ministros rindan cuentas sobre cómo se han utilizado los fondos reservados y se espera fijar una fecha para estas comparecencias. La comisión también debe abordar la supervisión de las actividades del CNI, para lo cual hay solicitudes pendientes de comparecencia que aún no han sido programadas.
Entre las solicitudes del PP se encuentra la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para que explique la aparición de Carles Puigdemont en España y su posterior huida en verano de 2023. Además, se le solicita que aclare su firma en un documento de servicios de inteligencia de otros países sobre ciberataques patrocinados por China. Por su parte, Sumar ha pedido que se aclare el uso de fondos públicos para silenciar relaciones del rey Juan Carlos, mientras que Esquerra Republicana busca respuestas sobre la relación del CNI con un imán considerado el cerebro de los atentados yihadistas en Cataluña en 2017.
Desde el inicio de la legislatura, solo se ha celebrado una reunión de la Comisión de Gastos Reservados, que tuvo lugar en junio, cuando la vicepresidenta Sara Aagesen compareció para explicar el apagón ocurrido a finales de abril.
Cabe recordar que durante la anterior legislatura, el CNI y los fondos reservados estuvieron sin control parlamentario durante tres años debido a bloqueos en la elección de sus integrantes. Hasta 2022, se requería un respaldo de tres quintos del Congreso para elegirlos, lo que complicó la entrada de representantes independentistas. Para superar esta situación, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aprobó reducir el umbral a la mayoría absoluta en abril de 2022, cuando los grupos independentistas exigían transparencia sobre el espionaje mediante el programa “Pegasus”.
