Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico, fue detenido el 4 de septiembre de 2025, vinculado presuntamente con la importación de 10 millones de litros de huachicol a través del buque Challenge Procyon.
La captura, que se llevó a cabo en un operativo federal, se dio tras investigaciones realizadas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que reveló los vínculos de Martínez con una red de huachicoleros. Este exfuncionario, que percibía un sueldo de poco más de 51 mil pesos, mantenía un estilo de vida lujoso, destacándose por poseer una colección de al menos 18 vehículos, entre ellos varios autos clásicos.
Detenciones y Operativos
La MCCI documentó que Martínez estaba asociado a la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure, junto a Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado, accionistas de Intanza, empresa que importó diésel de manera ilegal desde Beaumont, Texas. Esta operación se realizó en el puerto de Tampico, donde se aseguró el combustible en marzo de 2025.
La Secretaría de Marina (Semar) desmanteló, en mayo del mismo año, la estructura del sistema portuario en Tampico, separando de sus cargos a varios funcionarios, incluyendo a Martínez y al contralmirante en retiro Luis Jorge Goicochea Sotomayor, titular de la aduana de Tampico.
Continuación de la Investigación
El 6 de septiembre de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de otros presuntos involucrados en el contrabando de combustible, relacionados con el decomiso de huachicol en Tamaulipas. García Harfuch afirmó que la investigación continúa y que se trabaja para detener a todos los implicados, como parte de la estrategia gubernamental contra la corrupción y la impunidad.
El funcionario anticipó que se llevará a cabo una conferencia de prensa el domingo a las 11:00 horas para ofrecer más detalles sobre las capturas y el avance de las indagatorias.
Este caso resalta la gravedad del problema del huachicol en México, un delito que no solo afecta la economía, sino que también pone en jaque a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país.
