Desde Quibdó, Chocó, un grupo de gobernadores departamentales ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, para que refuerce su respuesta ante el alarmante reclutamiento de menores de edad y las crecientes amenazas a la seguridad pública. Este clamor surgió durante la Cumbre de Gobernadores por el cuidado del territorio y la vida, donde se expusieron las preocupaciones por el avance de grupos armados ilegales y las devastadoras consecuencias que esto tiene para la niñez en diversas regiones del país.
La alarmante realidad del reclutamiento infantil
Según un comunicado de la Federación Nacional de Departamentos (FND), el exdirector de la Policía Nacional, general (r) William René Salamanca, reportó que en lo que va de 2025 se han atendido 463 casos de reclutamiento, de los cuales 277 son niños y 184 son niñas. Además, en el presente año se han realizado 2,900 capturas de personas vinculadas a delitos sexuales contra menores. Es preocupante que cada 48 horas un menor es reclutado por estructuras armadas, lo que evidencia la ineficacia de las medidas actuales.
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien también es vicepresidenta de la FND, enfatizó que “la situación de orden público agobia a gobernadores y alcaldes como primeros respondientes, haciendo de las comunidades marginadas y de la niñez las principales víctimas”. Los mandatarios expresaron que las acciones implementadas hasta ahora han sido insuficientes para frenar el avance de las organizaciones criminales en sus territorios.
Demandas y propuestas de los gobernadores
Entre las solicitudes dirigidas al presidente Petro, se incluye la necesidad de una política de seguridad clara y efectiva que garantice el orden público y que prevenga y atienda de manera integral a las víctimas de reclutamiento. Para ello, se requieren “acciones contundentes” que impidan el crecimiento de los grupos armados ilegales.
El presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, subrayó que es crucial un esfuerzo conjunto con la administración Petro para abordar otras problemáticas que alimentan la violencia en Colombia. “Para superar la pobreza y garantizar el crecimiento económico, es necesario un trabajo articulado entre el Gobierno nacional y las Entidades Territoriales”, afirmó Zuleta.
Por si fuera poco, la violencia dirigida a los miembros de la fuerza pública añade otra capa de preocupación. Grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC han llevado a cabo atentados en diferentes departamentos, incluyendo Antioquia y Valle del Cauca. Este año, más de 500 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía han sido asesinados o heridos, lo que representa un aumento del 150% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
A pesar de las limitaciones presupuestarias, los gobernadores continúan trabajando para mejorar la seguridad en sus regiones, mientras enfrentan otros retos vinculados a la economía, el desarrollo social y el medio ambiente. Ante esta cruda realidad, la exigencia de medidas efectivas se vuelve más urgente que nunca.
