El gobierno federal de México avanza en la implementación de nuevas medidas para ejercer un mayor control sobre la economía digital. Esta iniciativa se basa en el acceso permanente y en tiempo real a la información de diversas plataformas que ofrecen servicios de streaming, intermediación entre terceros, así como páginas de citas y clubes en línea.
Las modificaciones propuestas al Código Fiscal de la Federación fueron aprobadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, lo que permitirá que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realice un seguimiento más efectivo de las operaciones que se llevan a cabo en plataformas digitales. La medida, que ya había sido discutida previamente desde el 8 de septiembre, busca obtener información detallada sobre el impacto de la economía digital en el producto interno bruto (PIB).
Según datos de 2018 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor agregado bruto de la economía digital representaba el 7.4 por ciento del PIB, mientras que el comercio electrónico equivalía al 6.4 por ciento. Con el crecimiento continuo en este sector, el gobierno tiene interés en entender mejor el potencial de recaudación en este ámbito.
Una de las modificaciones clave es la adición del artículo 30-B al Código Fiscal, que obligaría a las plataformas digitales a proporcionar información en tiempo real sobre sus operaciones y registros. Sin embargo, empresas como Mercado Libre han expresado su preocupación, argumentando que estas medidas podrían disuadir las inversiones en el país.
A finales de septiembre, varias asociaciones de la industria digital, lideradas por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), señalaron que las nuevas regulaciones representan un esquema de vigilancia sin precedentes en México, describiéndolo como “innecesario, desproporcionado e inconstitucional”. Argumentan que esto compromete la privacidad de los usuarios y el debido proceso legal.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta nueva facultad se justifica como un medio para gestionar más eficientemente la información de los contribuyentes que utilizan modelos de economía digital. Se espera que estas medidas ayuden a mejorar la eficiencia recaudatoria y a promover una mayor equidad en la carga fiscal.
Las autoridades fiscales también planean implementar sanciones, incluyendo el bloqueo temporal de acceso a servicios digitales para aquellos que no cumplan con sus obligaciones fiscales. Según el dictamen, se sostiene que estas acciones no violan el artículo 16 de la Constitución, ya que no se consideran actos de fiscalización, sino un control en la recaudación.
Además, se busca compartir la información obtenida con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que coordina la política digital en el país, con el fin de facilitar la gestión de datos y el análisis de las obligaciones fiscales de las plataformas digitales.
La discusión y posible aprobación de estas medidas se anticipa en el pleno de la Cámara de Diputados, lo que podría marcar un cambio significativo en la regulación de la economía digital en México.
