El Gobierno de México ha presentado una propuesta de reforma al Juicio de Amparo, el mecanismo más importante de defensa de los ciudadanos contra abusos de las autoridades. Esta iniciativa, enviada al Congreso de la Unión el 15 de septiembre, busca modificar la Ley de Amparo y otras dos legislaciones relacionadas.
Es fundamental recordar que los derechos humanos están diseñados para proteger a los ciudadanos y no a seres ajenos. La figura del amparo, que México introdujo en el siglo XIX, fue un avance significativo en el constitucionalismo mundial, siendo el primer país en incluirlo en su Carta Magna de 1857.
La nueva propuesta incluye aspectos positivos, como la promoción del amparo digital, pero también plantea limitaciones preocupantes que afectan el principio de progresividad constitucional. Uno de los cambios más controvertidos es la intención de restringir el otorgamiento de la suspensión provisional en casos delicados, lo que podría desnaturalizar el propósito del juicio.
Además, la reforma intenta redefinir el concepto de interés legítimo, que actualmente permite a cualquier persona con un derecho o interés colectivo solicitar el amparo. La nueva redacción sugerida obligaría a los solicitantes a probar una “lesión jurídica real y diferenciada”, lo cual complicaría el acceso a grupos ecologistas, consumidores y comunidades indígenas, entre otros.
Este cambio busca regresar a la llamada fórmula Otero, que limita los efectos del juicio solo al solicitante, sin implicar declaraciones generales sobre la ley o acto que lo originó. Esta visión es preocupante en el contexto actual, donde la población mexicana ha crecido significativamente desde el siglo XIX.
El texto de la iniciativa argumenta que su objetivo es consolidar un sistema de justicia humanista y proteger el bienestar del pueblo. Sin embargo, si se aprueba tal como está, el Juicio de Amparo se convertirá en un recurso exclusivo para aquellos que puedan costear un abogado especializado, dejando a muchos ciudadanos sin la posibilidad de demandar colectivamente por abusos de autoridad o leyes inconstitucionales.
Como señala el maestro Héctor Fix Zamudio, “el destino de todas las instituciones jurídicas es adaptarse a las exigencias de la estructura política y social de la nación”.
