La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional se ha convertido en un campo de tensiones políticas, donde el presidente Gustavo Petro ha decidido intervenir. A pocos días de que el Senado defina quién ocupará el puesto dejado por José Fernando Reyes, Petro no dudó en expresar su preocupación sobre el rumbo que podría tomar la alta corte, alertando sobre una posible ‘alianza con sectores que apoyan una doctrina’ que él mismo califica de fascista.
La importancia del nuevo magistrado
En su cuenta oficial de la red social X, el presidente afirmó: “La elección de la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo.” Este mensaje, claro y contundente, generó reacciones inmediatas en diferentes sectores del Congreso, donde algunos senadores interpretaron sus palabras como una advertencia directa a quienes ya habrían comprometido su voto a favor del ex defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Junto a Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar son los otros candidatos propuestos por la Corte Suprema de Justicia. La elección del nuevo magistrado será crucial, ya que podría influir en la votación final sobre la reforma pensional que impulsa el Gobierno nacional.
Tensiones internas y presiones externas
A medida que se acercaba la fecha de la votación, el proceso comenzó a generar divisiones dentro de los partidos políticos. Aunque no se mencionó explícitamente, muchos interpretaron que el respaldo de Petro se inclina hacia Balanta, a quien consideran una figura más cercana al Gobierno y con una trayectoria en la defensa de derechos fundamentales. Sin embargo, esta percepción provocó disputas internas en el Partido de la U, donde algunos líderes como Alexander Vega la señalaron como “ficha del Gobierno”, mientras que otros, como Dilian Francisca Toro, rechazaron cualquier tipo de imposición.
El debate se intensificó con la implicación directa de la Casa de Nariño. Según el diario El Espectador, varios senadores recibieron llamadas de altos funcionarios del Ejecutivo solicitando apoyo para Balanta. Esta gestión fue vista por la oposición como un intento del Gobierno por influir en una decisión que debería mantenerse independiente.
Germán Córdoba, director de Cambio Radical, también se refirió a este episodio, pidiendo respeto por la autonomía del Senado y destacando que “ninguna rama del poder público debe imponer a otra las decisiones que son propias de su competencia”.
Finalmente, se espera que el Senado vote el 3 de septiembre por uno de los tres juristas propuestos. La elección de este nuevo magistrado será determinante no solo para el futuro de las decisiones en el Congreso, sino también para la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, ya que podría facilitar o complicar la implementación de los proyectos del Gobierno de Petro.
