El 4 de noviembre de 2025, la concejala de Bogotá Heidy Sánchez interpuso una queja ante la Procuraduría General de la Nación en contra de la senadora María Fernanda Cabal. La denuncia se basa en afirmaciones realizadas por Cabal que, según Sánchez, niegan la responsabilidad del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica y desestiman una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante una entrevista con Infobae, Sánchez detalló que el documento presentado solicita determinar si las declaraciones de Cabal constituyen faltas disciplinarias y si vulneran la dignidad de las víctimas de persecución política. “Lo primero que debería hacer la senadora Cabal es pedir excusas públicas a las víctimas y sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica”, expresó.
Sánchez subrayó que el negacionismo va más allá de ser una opinión política, ya que representa una forma de violencia simbólica que reabre heridas y revictimiza a quienes han sufrido persecución. La queja busca que se actúe disciplinariamente ante lo que los denunciantes consideran como expresiones que infringen el bloque de constitucionalidad y el derecho a la honra, tal como lo establece la Constitución Política.
En la queja se mencionan declaraciones recientes de Cabal, en las que califica a la Corte IDH como una “ONG lobista” y sugiere que el Gobierno intenta deshacer los reconocimientos a las víctimas. Según el documento, estas afirmaciones menoscaban la confianza en las instituciones del Estado y afectan directamente a las víctimas del genocidio político.
Sánchez también indicó que, más allá de las medidas disciplinarias, lo mínimo que se espera es que la senadora se retracte. “Ella y su partido han revictimizado a la Unión Patriótica en varias ocasiones este año. Como aspirante a la presidencia, debe respetar los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, aseveró.
La solicitud presentada ante el Ministerio Público demanda una investigación sobre las expresiones de la senadora y su posible sanción conforme a la Ley 1828 de 2017, especialmente en lo que respecta a la moralidad pública del Congreso y la dignidad de las víctimas de la UP. Se recuerda que la responsabilidad estatal en estos crímenes ha sido reconocida por la Corte IDH y por fallos del Consejo de Estado, siendo el más reciente de julio de 2022.
Finalmente, la queja de Sánchez ha sido respaldada por varios miembros de la Unión Patriótica, quienes han solicitado el apoyo institucional del Estado colombiano y el traslado inmediato del caso al despacho del procurador Eljach para su evaluación de acuerdo con la normativa vigente.
