El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no imponer una multa de 55.2 millones de pesos a Morena, relacionada con contratos irregulares que se originaron durante la gestión de Yeidckol Polevnsky en 2019. Este caso surge tras la autorización de pagos anticipados por un total de 395 millones de pesos a las empresas Inmobiliaria Moscati y Estrada Miranda Proyecto y Construcción para remodelaciones que nunca se llevaron a cabo.
Las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revelaron la falta de comprobantes y omisiones en los informes financieros del partido. Inicialmente, la Comisión de Fiscalización propuso sancionar a Morena con la mitad de la cantidad mencionada, es decir, 55.2 millones de pesos. Sin embargo, en una votación dividida de seis consejeros a favor de la exoneración y cinco en contra, el Consejo General resolvió no imponer la multa, argumentando que el partido mostró voluntad de reparar el daño y realizó gestiones para recuperar el dinero.
Acciones de Morena para recuperar el dinero
La consejera Carla Humphrey explicó que, tras un litigio, Morena firmó un “convenio judicial” con los proveedores para recuperar parte de los anticipos otorgados en 2019. Sin embargo, este acuerdo resultó en un “faltante no comprobado, ni recuperado por parte del Partido Político”. Humphrey destacó que, aunque este tipo de faltas generalmente son sancionadas con el 100% del monto involucrado, en este caso, las acciones del partido para recuperar el pago anticipado denotan su intención de cumplir con las normas de fiscalización.
El representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago, defendió la decisión del Consejo y calificó la sanción como “ilegal e improcedente”. Aseguró que el partido actuó de manera “diligente y responsable” al iniciar un litigio para proteger su patrimonio, enfatizando que sancionar a Morena sentaría un precedente peligroso que podría disuadir a los partidos políticos de defender sus recursos legalmente.
Resulta curioso que a pesar de la magnitud de la irregularidad, el INE optara por no sancionar al partido, lo que abre un debate sobre la aplicación de la justicia electoral en México. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, este caso pone en la mesa la discusión sobre cómo se manejan los recursos públicos y la responsabilidad de los partidos políticos ante la ley.
