En la sesión ordinaria de la LXVI Legislatura, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal, Andrés Velázquez Vázquez, presentó una propuesta para la creación de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en los 84 municipios del estado de Hidalgo. Esta iniciativa busca asegurar atención inmediata y especializada para este grupo poblacional en situación de vulnerabilidad.
Velázquez destacó que estas nuevas instituciones estarán compuestas por autoridades administrativas con autonomía técnica y operativa, así como por personal especializado en áreas como psicología, trabajo social, medicina, derecho y administración. Esto permitirá una respuesta más eficaz ante violaciones de derechos.
El funcionario explicó que la creación de estas procuradurías acercará la protección a las comunidades, en lugar de depender de instancias estatales que a menudo están distantes y limitadas en cobertura. Actualmente, Hidalgo cuenta con una Procuraduría Estatal y unidades municipales de primer contacto, pero estas estructuras son insuficientes, resultando en atenciones tardías e incompletas.
“En muchos casos, hay oficinas con un solo funcionario, sin personal especializado, y con cargas de trabajo que no se pueden manejar de manera adecuada”, añadió Velázquez. La implementación de esta iniciativa se llevará a cabo en etapas, comenzando con un diagnóstico que identifique cuántos municipios tienen el personal, los espacios físicos y los recursos necesarios para operar.
Además, mencionó que ya se ha dialogado con el gobierno estatal para destinar un presupuesto que fortalezca a los municipios que aún carecen de estas instancias. Por su parte, la presidenta del patronato del Sistema DIF Estatal, Eda Vite, señaló que esta medida no implicará un gasto adicional significativo, dado que ya existen 52 municipios con unidades de primer contacto completas, que incluyen áreas jurídica, psicológica y de trabajo social, además de 16 subprocuradurías regionales.
La reforma permitirá que las unidades de primer contacto tengan facultades específicas, lo que les facilitará comparecer ante autoridades ministeriales y brindar acompañamiento inmediato a niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo.
