El reciente asesinato a plena luz del día del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ha despertado una alarmante conciencia nacional sobre la creciente inseguridad que enfrenta México. Este trágico suceso ha resonado profundamente dentro de las esferas gubernamentales, evidenciando las graves deficiencias en la seguridad pública.
A diferencia de otros contextos políticos más civilizados, donde un evento de tal magnitud desataría un juicio severo contra el partido en el poder, en México, la situación parece ignorarse. Las declaraciones de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, han sido evasivas, centradas en acusaciones hacia administraciones anteriores, como si su gobierno no fuera responsable de la situación actual.
La insatisfacción de la ciudadanía, abrumada por engaños y promesas incumplidas, se traduce en una creciente expectativa hacia las elecciones legislativas intermedias de 2027. Es probable que los votantes, cansados de un partido que ha estado en el poder durante más de siete años, opten por alternativas a pesar de un sistema electoral golpeado por la corrupción y la ineficiencia.
En este contexto, el gobierno ha promovido programas populares que, en lugar de fortalecer la economía, han contribuido a un creciente endeudamiento y dependencia hacia Estados Unidos. La falta de cumplimiento de las promesas de campaña demuestra que el neoliberalismo, que aún es defendido por varios gobiernos globalmente, enfrenta una crisis de legitimidad.
La situación actual en México refleja un cambio en las expectativas de la población, que no busca repetir un régimen de izquierda, sino más bien alternativas que respeten las libertades personales, evitando caer en las dictaduras que han oprimido a otros países de América Latina.
La administración de Claudia Sheinbaum no parece tener la intención de cambiar su rumbo, continuando con un pragmatismo político enfocado únicamente en criterios económicos. Sin embargo, existe la posibilidad de explorar nuevas modalidades en las políticas fiscales que prioricen un enfoque social por encima del mero empresarialismo.
A pesar de los avances tecnológicos en la producción de bienes, la calidad de vida de la mayoría de la población ha ido en deterioro. Los gobiernos neoliberales han priorizado la protección de intereses privados, dejando de lado las necesidades y aspiraciones de la población, lo cual ha derivado en un descontento generalizado.
La historia de más de dos siglos de revoluciones sociales muestra que los partidos y gobiernos han fallado en reconocer y atender los intereses de las mayorías. Este contexto sugiere que estamos ante la inminencia de un cambio real en el enfoque de los futuros gobiernos en México, los cuales deben centrarse en las necesidades de las familias y no solo en estadísticas económicas.
