La reciente elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), efectuada el 1 de junio, se ha convertido en un tema de intenso debate. Aunque se considera un hito democrático, el proceso ha suscitado más controversia que consenso, generando preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial.
Desde el inicio, la primera elección judicial en México para renovar 881 cargos del Poder Judicial Federal, incluidos los ministros de la SCJN, ha estado marcada por denuncias de irregularidades. El INE recibió más de 220 quejas relacionadas con errores en las listas de candidatos proporcionadas por el Senado, además de acusaciones de manipulación durante el proceso. Uno de los puntos más críticos fue el uso de “acordeones” en las casillas, lo que, según los observadores, pudo haber comprometido la imparcialidad y alterar el resultado del voto.
Los resultados finales reflejaron una victoria abrumadora para los candidatos vinculados a Morena, consolidando el control del partido sobre los principales tribunales del país. A pesar de la celebración oficial por este avance democrático, la participación ciudadana fue alarmantemente baja, alcanzando solo el 13%. Este dato ha sido atribuido al desconocimiento general sobre los candidatos y la complejidad del proceso electoral, sumado a un ambiente de desinformación prevalente entre los votantes.
Organismos como COPARMEX y diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso y han pedido una revisión del modelo electoral. Proponen un sistema mixto de selección que priorice el mérito y la carrera judicial por encima de la popularidad.
Con los nuevos ministros, que incluyen a figuras como Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz, ya presentando sus primeros proyectos de sentencia, el debate se intensifica en torno a su papel en el sistema judicial. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que su función debe ser apolítica y centrada en garantizar el acceso a la justicia, la SCJN enfrenta el desafío de demostrar su independencia ante el poder político que facilitó su nombramiento.
La reciente aprobación de reformas legislativas, como la nueva Ley de Amparo, que restringe la suspensión de leyes, ha generado inquietudes sobre si el Alto Tribunal está debilitando su función como contrapeso constitucional. Los analistas advierten que esta situación podría tener repercusiones significativas para el futuro del sistema judicial en México.
