El juez Juan Carlos Peinado está considerando la posibilidad de que la Hacienda Pública actúe como acusación en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien enfrenta acusaciones de malversación. Este movimiento se produce tras el inicio del proceso judicial el pasado sábado, lo que podría llevar a Gómez ante un tribunal del jurado.
Las acusaciones populares han solicitado al juez que considere una serie de nuevas diligencias de prueba. Estas peticiones se relacionan particularmente con el trabajo privado que habría realizado su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Una de las solicitudes clave es la de permitir que Hacienda se presente como acusación para reclamar indemnizaciones por los daños económicos que supuestamente ha sufrido el Estado.
El juez, que se encuentra al mando del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, debe decidir si accede a la petición que le han formulado las acusaciones, que están dirigidas por el equipo legal de Hazte Oír. En caso de aceptar, Hacienda actuaría en representación de la Intervención General, buscando defender los intereses patrimoniales del Estado y reclamando compensaciones por los daños que se derivan de los actos ilícitos supuestamente cometidos por la esposa del presidente.
Las acusaciones argumentan que la situación ha perjudicado gravemente al erario público. En un escrito de 25 páginas al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se expone la posibilidad de malversación y se solicitan más diligencias de investigación, incluyendo una revisión del patrimonio de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez.
