Este lunes comenzó el juicio contra dos ex funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) por el caso de Solange Musse, una mujer de 35 años que falleció sola durante la pandemia, mientras su padre, Pablo Musse, no pudo despedirse de ella por un control sanitario en Huinca Renancó.
El padre de Solange, visiblemente afectado, declaró: “Acá deberían estar desde Alberto Fernández y todos hacia abajo, en el banquillo de Tribunales dando explicaciones”. Su viaje desde Neuquén a Córdoba se vio truncado en un momento crítico, ya que las autoridades lo obligaron a regresar, custodiado por la policía, justo cuando su hija enfrentaba una enfermedad terminal.
El contexto del juicio y las acusaciones
Los imputados en este caso son Eduardo Andrada, ex director del hospital local, y Analia Morales, asistente social, pero no hay funcionarios que ejercían cargos públicos en 2020 entre los acusados. Pablo Musse criticó duramente a otros funcionarios como el ex gobernador Schiaretti y el ministro Cardozo, quienes deberían rendir cuentas por las decisiones que llevaron a esta tragedia.
Durante su declaración, Musse expresó su indignación al recordar la falta de cumplimiento del protocolo de excepción para diagnósticos terminales. “No cumplieron con el protocolo. Cuando me dijeron que tenía Covid, debí haber sido trasladado a Río Cuarto para que me hicieran la prueba”, afirmó. Su relato incluye el sufrimiento de su cuñada, Paola Oviedo, quien también viajó con él y enfrenta su propia discapacidad.
Reacciones de la familia Musse
La tía de Solange, presente en la audiencia, clamó por justicia: “Que se haga justicia y que no nos pase lo mismo que nos pasó a nosotros”. La madre de Solange también compartió su dolor, señalando que el juicio reaviva heridas que nunca sanarán: “Es como volver atrás, heridas que siguen sangrando”.
La familia Musse ha sido clara en su lucha por justicia, buscando que se esclarezcan las responsabilidades de los dos profesionales que les negaron el derecho a despedirse. En una carta escrita por Solange antes de su muerte, ella expresó: “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo”.
El caso ha llevado a una investigación penal donde la Fiscalía federal de Río Cuarto imputó a cuatro funcionarios, pero solo Andrada y Morales llegaron a juicio. Se les acusa de desoír directrices legales y actuar con excesiva rigidez durante un momento crítico.
La lucha de la familia Musse no solo busca justicia para Solange, sino que también resalta la necesidad de revisar protocolos y procedimientos en situaciones de emergencia, donde la vida y la dignidad de las personas deben ser prioritarias.
